México.- El empresario regiomontano y copropietario de la franquicia Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se encuentra en el centro de una investigación de alto impacto liderada por la Fiscalía General de la República (FGR). Según informes revelados por El Universal y Latinus, se le acusa de financiar y dirigir una red criminal dedicada al tráfico de armas de grueso calibre e hidrocarburos.

La organización delictiva, que operaba desde la frontera con Guatemala, habría introducido al país al menos 400 armas destinadas a organizaciones de alto perfil como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024, la red utilizaba una logística compleja para cruzar la frontera sur y llegar al corazón de la capital mexicana:

  • Transporte: Las armas (Glock, Sig Sauer, escopetas Hatsan, entre otras) se ocultaban en autobuses comerciales bajo cargamentos de pacas de ropa y fayuca.
  • Distribución: El material llegaba a la zona de Plaza Pino Suárez, a solo metros de Palacio Nacional, desde donde operadores como un sujeto apodado «Kevin» gestionaban las ventas vía WhatsApp.
  • Fachadas Legales: El grupo utilizaba empresas de seguridad privada como Valvón Servicios Integrales y estaciones de servicio (gasolineras) para el lavado de dinero y la logística.

El rol de Raúl Rocha Cantú: Financiamiento y corrupción
La FGR sostiene que la integración de Rocha Cantú a la red fue de carácter directivo. El empresario presuntamente inyectó capital millonario para expandir el contrabando, particularmente de hidrocarburos traídos de EE. UU. y Guatemala.

Además, se le señala por pagar sumas millonarias a Jacobo Reyes León (“El Yaicob”), presunto líder operativo, para obtener información privilegiada sobre operativos federales. Esta información habría sido filtrada por personal corrupto de la FEMDO, incluyendo a la fiscal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, hoy procesada.

Actualmente, el estatus jurídico de Rocha Cantú es complejo y ha generado tensiones entre instituciones:

1.- Suspensión a su favor: El juez Mario Jorge Melo Cardoso le otorgó una suspensión que impide revocar su acuerdo como testigo colaborador, beneficio autorizado previamente por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

2.- Orden de Aprehensión: Pese a lo anterior, un juez de Querétaro giró una nueva orden de captura el 15 de septiembre debido a la imposibilidad de localizarlo.

3.- Resistencia a comparecer: El empresario se ha negado a asistir a citas presenciales con la Secretaría de Seguridad los días 8 y 12 de diciembre, alegando riesgos a su integridad y solicitando videoconferencias.

4.- Presión de PEMEX: El apoderado de Pemex solicitó formalmente revocar el beneficio legal a Rocha, argumentando que su testimonio fue insuficiente: el empresario solo reconoció dos operaciones ilícitas con una inversión de 4.2 millones de pesos, lo cual es considerado como una «minimización» de su rol.