Los Ángeles.-  Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos accedió el jueves a la solicitud del estado de Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott, de mantener su barrera de boyas antimigrantes en el río Bravo, ubicado en la frontera sur de Estados Unidos.

Esta disposición flotante permanecerá en su lugar al menos hasta que se realice una revisión adicional, según la decisión de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, Luisiana.

El estado de Texas argumentó en su petición que la ley federal de 1899, que prohíbe las construcciones no autorizadas en vías navegables, choca con su derecho constitucional a repeler una supuesta «invasión» de población migrante en la zona fronteriza y que la barrera les ha servido para «defenderse».

Esta decisión del tribunal de apelaciones contrasta con la tomada el miércoles por el magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, que señaló que el grupo de boyas, de 300 metros de longitud, obstruía «la capacidad navegable» del cauce fluvial, reprendió al Gobierno estatal por no haber solicitado permiso y ordenó retirarla antes del 15 de septiembre.

Ezra también determinó que el Gobierno estatal no había presentado «ningún tipo de evidencia creíble» de que la barrera de boyas hubiera reducido «significativamente» la migración irregular a través del río Bravo.

Además, desde el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos se instó a Texas a retirar las boyas porque ponían en «peligro a los migrantes», violaban la legislación federal y los tratados bilaterales con México.

A principios de agosto, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadáveres de migrantes flotando sobre el río, cerca de las boyas.

La controvertida barrera es parte de la «Operación Estrella Solitaria», una campaña lanzada por el Gobierno de Abbott para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas del presidente Biden.


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Abbott se ha mantenido desafiante desde que el Departamento de Justicia presentara la demanda el 24 de julio exigiendo que Texas retirara las barreras instaladas a principios de ese mes con un costo de 850 mil dólares.

Esta iniciativa también ha estado detrás del envío de autobuses con migrantes a ciudades gobernadas por demócratas y de la instalación de kilómetros de concertina en la frontera con México, entre otras medidas. El Gobierno de México ha pedido en varias ocasiones a Estados Unidos que retire la barrera, argumentando que la mayoría de las boyas se encuentran en su territorio.