México.-  Antonio “Tony” Flores, actual diputado local y apodado el “Rey del Carbón”, ha sido vinculado a una serie de contratos multimillonarios otorgados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro de carbón, en un esquema que ha generado polémica debido a la falta de licitaciones y su relación con altos mandos de la política.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Flores y su familia prosperaron al obtener contratos significativos con la CFE, dirigida por Manuel Bartlett. Uno de los más destacados fue el acuerdo en diciembre de 2022, cuando la empresa La Sierra Minería y Transporte, presumiblemente vinculada a Flores y su hermana, Tania Flores —quien era alcaldesa de Múzquiz en ese momento—, fue adjudicada con un contrato sin licitación por un millón de toneladas de carbón. La adjudicación directa representó el 31.4% del total de carbón que la CFE asignó a 52 mineras en julio de ese año, ascendiendo a 985 millones de pesos.

La cercanía de la familia Flores con el gobierno federal y la CFE ha sido clave para el crecimiento de sus negocios, los cuales no se limitan al sector minero. Tony Flores ha presumido su expansión hacia otras áreas, como la construcción de una gasolinera y la apertura de un salón de fiestas infantiles, sumando a su creciente imperio.

En el ámbito político, Flores ha mostrado su apoyo a figuras de la 4T, como el exsubsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, a quien respaldó durante su candidatura a gobernador por el Partido del Trabajo (PT) en 2023. Ese mismo año, Flores fue electo como diputado local.

A pesar de su afiliación con la 4T, Flores ha sido criticado por no adherirse a la política de austeridad defendida por el expresidente López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum. En un reciente incidente que generó controversia, Flores fue visto conduciendo un Lamborghini Huracán guinda, color emblemático de Morena, con un valor estimado en más de 7.5 millones de pesos (alrededor de 400 mil dólares), lo que contrasta con la postura de austeridad que promulga su partido.

Este caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de contratos y los vínculos entre empresarios y figuras políticas cercanas a la administración federal.