Estados Unidos.- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una modificación a la Ley de Especies en Peligro de Extinción que elimina la protección automática para las especies clasificadas como “amenazadas”. Con la nueva disposición, cada planta o animal deberá contar con un plan de conservación específico antes de recibir medidas de resguardo, lo que podría demorar su protección y permitir excepciones para proyectos de desarrollo en las zonas donde habitan. Hasta ahora, estas especies obtenían de manera inmediata salvaguardas similares a las otorgadas a aquellas catalogadas en peligro de extinción.
La reforma también permitirá que empresas de los sectores petrolero, gasífero, minero y de infraestructura soliciten autorizaciones para operar en áreas consideradas críticas, mientras que el Departamento del Interior tomará en cuenta el impacto económico al momento de determinar si un hábitat debe ser declarado esencial para la supervivencia de una especie. El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió la decisión al señalar que la legislación había sido utilizada durante años para frenar proyectos de desarrollo y sostuvo que el éxito de la norma debe medirse por la recuperación de las especies y su salida de la lista de protección, además de afirmar que las restricciones han elevado costos para las familias y afectado la competitividad del país.
La modificación generó críticas de organizaciones ambientalistas, que advirtieron sobre el riesgo de retrasar la protección de especies vulnerables como la mariposa monarca, la tortuga caimán y el búho moteado de California, además de diversas serpientes, peces, almejas e insectos que buscan protección federal. Noah Greenwald, del Centro para la Diversidad Biológica, afirmó que excluir de las restricciones a las industrias responsables de la destrucción de hábitats significaría dejar sin control la principal amenaza para estas especies. La medida se suma a otras acciones adoptadas durante el segundo mandato de Trump, entre ellas nuevas exenciones para proyectos energéticos, cambios en la definición de “daño” a especies protegidas y la reducción de hábitats críticos para la conservación del lince canadiense.
