El bloqueo masivo de 2.6 millones de accesos celulares por la falta de registro de datos personales ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) detonó severas críticas.
De las 12.2 millones de líneas con terminación en cero esperadas, solo se vincularon 9.6 millones, equivalentes al 78.9%. Tras las suspensiones, la institución logró reactivar 2.3 millones de números, aunque prevé depurar 2.5 millones adicionales.
Analistas califican esta medida como un fracaso administrativo derivado de deficiencias comunicativas institucionales. La población teme erróneamente una vigilancia estatal directa, ignorando que los registros permanecen bajo el resguardo exclusivo de las empresas proveedoras del servicio telefónico.
Las interrupciones al servicio generan consecuencias severas dentro de la economía digital y los esquemas bancarios habituales de la población afectada. La pérdida temporal del número telefónico inhabilita la recepción de códigos de autenticación requeridos por plataformas financieras, aplicaciones de transporte y servicios de entrega a domicilio.
