Autoridades del Departamento de Justicia estadounidense formalizaron un procedimiento penal contra 24 integrantes de un grupo delictivo asociado con el Cártel de Sinaloa. Las indagatorias de la fiscalía federal en Tennessee confirmaron que la estructura criminal introducía importantes volúmenes de fentanilo y cocaína hacia el territorio norteamericano.

Un elemento distintivo de este caso estriba en que la coordinación estratégica era conducida directamente por mandos de alto rango que se encontraban recluidos en centros penitenciarios de esa entidad estatal norteamericana.

El esquema operativo funcionaba bajo lineamientos dictados desde México por un núcleo central de dirección identificado operativamente como La Oficina. A través de este centro de mando, la red organizaba el suministro constante de sustancias ilícitas hacia el centro del país.

Adicionalmente, el grupo delictivo montó un sofisticado mecanismo de blanqueo de capitales mediante transacciones bancarias complejas y el envío sistemático de cuantiosas divisas en efectivo para saldar oportunamente todas las compras de estupefacientes realizadas a sus proveedores.

Entre los imputados clave sobresalen los nombres de Humberto Morales y José Martín Pérez, supuestos operadores principales que gestionaban las transacciones desde sus celdas penitenciarias.