El Gobierno federal solicitó al Instituto Nacional de Migración un informe detallado para comprobar la presencia en el país de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.
La medida gubernamental busca frenar las especulaciones surgidas tras la apertura de investigaciones por corrupción e irregularidades financieras durante su gestión. Desde Palacio Nacional se instó a las autoridades migratorias a mantener un monitoreo permanente para prevenir cualquier intento de salida del territorio nacional por parte de la exfuncionaria.
Las indagatorias oficiales se extendieron a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señalados como proveedores favorecidos con contratos millonarios durante la anterior administración electoral.
Frente a las versiones que sugerían el escape de los inversionistas hacia Sudamérica, las autoridades precisaron que los involucrados permanecen en suelo mexicano. No obstante, las dependencias de seguridad formalizaron las alertas migratorias correspondientes para detectar oportunamente eventuales traslados internacionales de los sujetos investigados por la fiscalía federal.
