México tiene una ubicación privilegiada, una fuerza laboral extraordinaria y acceso a uno de los mercados más importantes del mundo. Sin embargo, esas ventajas pueden resultar insuficientes cuando hacer negocios significa enfrentarse a la corrupción, la burocracia y la desconfianza.

El Santander Global Trade Barometer 2026 revela que, entre las empresas que consideran a México como destino comercial, 20% identifica la corrupción como obstáculo, otro 20% señala la burocracia y 23% encuentra dificultades para conseguir socios confiables. Seguramente son señalamientos que, a todos nos hacen sentido. Sabemos del largo historial que tenemos en malas prácticas administrativas y en corrupción.

Y conocemos, también, que los gobiernos de la mal llamada transformación se han encargado de potenciar esos males a un nivel nunca visto; sobre todo en materia de corrupción.

¿De qué sirve promover inversiones si las reglas parecen favorecer a quienes tienen mejores relaciones políticas? Las investigaciones periodísticas han documentado contratos y vínculos empresariales que merecen escrutinio. Ahí están los señalamientos sobre Amílcar Olán y los negocios relacionados con el Tren Maya; los multimillonarios contratos obtenidos por empresas de José Miguel Bejos y de la familia de Jack Landsmanas; o las irregularidades detectadas en adquisiciones realizadas a una empresa de León Manuel Bartlett; sí, al hijo de ya saben quién.

Estos casos tienen antecedentes y situaciones jurídicas diferentes. Y aunque ningún contrato constituye, por sí mismo, prueba de corrupción; la forma descarada en que presumen en las cúpulas oficialistas y sus proveedores consentidos sus lujosos modos de vida, son síntomas de que algo no está nada bien. Precisamente por eso resultan indispensables las investigaciones independientes, la transparencia y la vigilancia de las adjudicaciones. Cuando los criterios de contratación son opacos, la confianza empresarial se deteriora.

Pero mientras unos empresarios reciben contratos multimillonarios, miles de negocios enfrentan amenazas mucho más inmediatas. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 del INEGI revela que la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas durante 2025. La inseguridad y la delincuencia representaron un costo estimado de 115 mil 100 millones de pesos para el sector empresarial.

¿Cómo puede competir una pequeña empresa que debe pagar extorsiones, financiar medidas de seguridad y superar trámites interminables? ¿Cómo atraer nuevas inversiones cuando la incertidumbre jurídica se suma a semejantes obstáculos?

México necesita una política económica que garantice condiciones equitativas: licitaciones abiertas, información accesible sobre beneficiarios de contratos, simplificación administrativa, seguridad efectiva y mecanismos independientes para investigar la corrupción.

La inversión productiva no debe depender de amistades políticas, sino de reglas claras, capacidad empresarial y competencia legítima.

Porque la verdadera evolución económica no consiste en enriquecer a unos cuantos contratistas, sino en permitir que miles de empresas crezcan, generen empleos y construyan prosperidad para todos.