La reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, incorporó nuevas obligaciones en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. Particularmente, el artículo 16 establece que trabajadores y empleadores deberán contribuir a mantener un entorno laboral libre de discriminación y violencias hacia las mujeres, y obliga a los empleadores a capacitar al personal para prevenirlas y eliminarlas.
Aunque garantizar espacios laborales libres de violencia constituye una finalidad legítima, la técnica legislativa empleada merece una reflexión crítica: ¿por qué una obligación general de protección laboral se formula, en el artículo 16, exclusivamente respecto de las mujeres, cuando los derechos fundamentales corresponden a todas las personas?
Los artículos 2, 3 y 56 de la propia ley reconocen un entorno libre de violencia y discriminación en términos generales. Sin embargo, el artículo 16 introduce una obligación específica cuyo alcance se concentra en un solo sexo. Esta diferenciación puede justificarse cuando responde a una situación objetivamente acreditada de vulnerabilidad, pero no debe conducir a invisibilizar a otros trabajadores que también pueden ser víctimas de violencia, acoso, discriminación o abuso de poder.
Friedrich Hayek, en Los fundamentos de la libertad, distingue la igualdad ante la ley de la pretensión de igualar los resultados individuales mediante la intervención estatal. Axel Kaiser desarrolla una crítica semejante en La tiranía de la igualdad: tratar a las personas como integrantes de categorías colectivas, en lugar de reconocer sus diferencias individuales, puede conducir a políticas que sustituyan el mérito y la libertad por criterios de representación.
En El libro negro de la nueva izquierda, Agustín Laje y Nicolás Márquez cuestionan la utilización de determinadas categorías ideológicas para interpretar las relaciones sociales como estructuras necesariamente determinadas por una confrontación entre grupos. Esta crítica invita a no convertir el género en una explicación universal de cualquier diferencia laboral.
El problema aparece cuando una desigualdad estadística se interpreta automáticamente como prueba de discriminación, o cuando una política de protección particular se transforma en una obligación que omite considerar a las demás personas. La igualdad sustantiva no debería convertirse en una presunción de desigualdad o culpabilidad por razón del sexo.
La distribución de los riesgos laborales demuestra que la vulnerabilidad no es exclusiva de las mujeres. Los hombres tienen una participación considerablemente mayor en determinadas actividades de alta exigencia física y peligrosidad, como minería, construcción, extracción y determinadas operaciones industriales.
Un análisis publicado en 2026 por la Revista Médica del IMSS, con datos de 2024, registró que el 61% de los riesgos laborales correspondió a hombres y el 39% a mujeres. En accidentes ocurridos en el trabajo, la proporción masculina fue del 62%; en enfermedades ocupacionales, del 57%. En cambio, las mujeres representaron el 51% de los accidentes de trayecto. Estas cifras son recuentos absolutos y no tasas individuales ajustadas por población ocupada o exposición, pero evidencian que los riesgos afectan a ambos sexos de manera diferenciada.
No sería razonable desconocer que las diferencias biológicas promedio pueden incidir en determinadas exigencias físicas, ni que existen actividades que requieren fuerza, resistencia o capacidades específicas. Sin embargo, tampoco sería correcto convertir esas diferencias en restricciones generales. La capacidad debe evaluarse conforme a las exigencias objetivas del puesto, no mediante estereotipos.
El artículo 3 de la LFT ya reconoce que las distinciones sustentadas en las calificaciones particulares que exige una labor no constituyen discriminación. El criterio debe ser la aptitud para desempeñar el trabajo, independientemente de que se trate de un hombre o una mujer.
La exposición de motivos también presenta la brecha salarial de género como una manifestación de desigualdad estructural. Sin embargo, es necesario distinguir entre una diferencia salarial promedio y una diferencia injustificada entre personas que realizan un trabajo de igual valor bajo condiciones comparables.
Gary Becker, en The Economics of Discrimination (1957), estudió los costos económicos de la discriminación y explicó cómo los prejuicios pueden influir en las decisiones de contratación y remuneración. Su aportación no niega la discriminación; permite analizarla como uno de los factores posibles dentro de un mercado laboral complejo. Su teoría del capital humano, desarrollada posteriormente, también permite considerar la educación, experiencia, capacitación e inversión individual en habilidades como factores relevantes para explicar los ingresos.
A ello deben agregarse la antigüedad, las horas efectivamente trabajadas, la especialización, la productividad, el sector económico, la responsabilidad, los turnos y las interrupciones de la trayectoria profesional.
Por tanto, utilizar una diferencia promedio de ingresos como demostración automática de que existe discriminación salarial constituye un error metodológico. La brecha debe investigarse, no presumirse. Esto tampoco significa desconocer que pueda existir discriminación acreditable.
El Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo establece la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y contempla la evaluación objetiva de los empleos, reconociendo que las diferencias justificadas por las características del trabajo no son discriminatorias.
Por otro lado, la imposición de cuotas de género plantea una discusión adicional entre igualdad de oportunidades, mérito y libertad de contratación. Aunque las cuotas no fueron incorporadas directamente por esta reforma a la LFT, forman parte del debate más amplio sobre las políticas de representación.
Thomas Sowell, en Affirmative Action Around the World, advierte sobre las consecuencias no previstas de las políticas de acción afirmativa cuando sustituyen la evaluación individual por preferencias colectivas.
La libertad de contratación no es absoluta ni autoriza prácticas discriminatorias. Sin embargo, tampoco debería quedar subordinada a objetivos numéricos de representación que prescindan de las competencias, experiencia y requisitos particulares de cada puesto.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) permite medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad real, pero no establece que deban mantenerse indefinidamente ni que deban sustituir los criterios objetivos de selección. Su artículo 11 incluso reconoce el derecho a las mismas oportunidades de empleo y a la aplicación de los mismos criterios de selección.
No se trata de desconocer los tratados internacionales ni las situaciones específicas de violencia que enfrentan las mujeres. Se trata de evitar interpretaciones parciales de sus disposiciones.
El Convenio 190 de la OIT reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Establece un enfoque inclusivo y con perspectiva de género, pero su protección comprende a todas las personas trabajadoras y exige identificar los sectores y ocupaciones con mayor exposición a estos fenómenos.
La perspectiva de género debe servir para identificar riesgos específicos, no para establecer que la protección jurídica deba excluir o invisibilizar a quienes no pertenecen al grupo objeto de una medida focalizada.
La reforma del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo presenta una insuficiencia de generalidad y coherencia normativa: mientras los artículos 2, 3 y 56 reconocen el derecho de todas las personas a trabajar en un entorno libre de violencia, el artículo 16 concentra las obligaciones específicas de prevención y capacitación en las violencias contra las mujeres.
No cuestiono que existan medidas especiales para atender los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres. Cuestiono que la protección frente a la violencia se formule de manera que deje fuera de su alcance explícito a otros trabajadores que también pueden ser víctimas.
La legislación laboral debe proteger personas, no establecer categorías de víctimas cuya dignidad merezca mayor o menor reconocimiento. Por ello, considero necesario reformular el artículo 16 para establecer una obligación general de prevención, capacitación y atención de todas las formas de violencia y discriminación contra cualquier persona trabajadora, incorporando protocolos y medidas específicas para las mujeres cuando los datos objetivos justifiquen una protección diferenciada.
La igualdad no consiste en sustituir un privilegio por otro, ni en igualar artificialmente los resultados; consiste en garantizar las mismas libertades, derechos y oportunidades ante la ley, reconociendo las diferencias individuales y las exigencias reales de cada actividad laboral. La protección debe ser universal; las medidas especiales, objetivas, proporcionales y revisables.







