La propuesta de reforma electoral impulsada por Morena, conocida, con toda razón como “Ley Maduro”, busca debilitar contrapesos institucionales como el Instituto Nacional Electoral, recortar la representación plural y concentrar reglas de juego en quien detenta el poder, lo cual no sólo representa un riesgo para la imparcialidad de los procesos electorales y la confianza ciudadana en las instituciones; es sobre todas las cosas, el intento por consolidar un régimen totalitario y autoritario, como el que sigue dominando en Venezuela. 

No se trata, como intentan desde Morena argüir, de los señalamientos desesperados de una oposición moribunda. Todo lo contrario. Se trata de la postura de un panismo que se ha fortalecido y se encuentra más vivo que nunca, porque defiende a México y su democracia con argumentos sólidos. Por eso me dispongo a ofrecer algunos rasgos que permitan identificar cómo sí debería ser una reforma que busca fortalecer la democracia y no acabar con ella. 

Desde una perspectiva propositiva, quien sí busca fortalecer la democracia debe plantear una reforma que vaya más allá de criticar los defectos y que apunte a rescatar y reforzar los principios esenciales del sistema electoral mexicano. Una verdadera reforma democrática debería que enfocarse en tres ejes fundamentales: autonomía de las instituciones, participación ciudadana y equidad en la competencia.

Primero, es indispensable garantizar la autonomía absoluta de los órganos electorales. Cualquier intento por subordinarlos al poder político desde el Ejecutivo o el Legislativo erosiona la confianza y debilita las reglas del juego. El árbitro electoral debe ser imparcial no solo en la letra de la ley, sino también en los hechos, garantizando que nadie pueda ser juez y parte.

Segundo, la reforma debe ampliar y proteger los mecanismos de participación ciudadana. Una democracia viva no se construye desde los pasillos del poder, sino desde las urnas y las instancias de participación directa que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones significativas, con reglas claras y transparentes que eviten manipulaciones.

Tercero, un principio democrático básico es que la competencia electoral sea justa y equitativa. En ese sentido, es imperativo incorporar mecanismos legales que eliminarían el registro de partidos políticos que acepten financiamiento del crimen organizado o mantengan vínculos con grupos delictivos. La presencia de capital ilícito en campañas no solo distorsiona la competencia, sino que amenaza la seguridad misma del ejercicio electoral.

Finalmente, una reforma auténticamente democrática debe preservar la representación proporcional y plural del Congreso, cuidar el federalismo y fortalecer el Estado de derecho, de modo que ganen quienes obtengan un voto libre y equitativo, no quienes controlen las reglas desde el poder. Solo así podremos transitar de la crítica a la construcción y asegurar que la reforma electoral sea un instrumento de fortalecimiento democrático y no de debilitamiento institucional.

Dado que la reforma electoral propuesta por Morena no cumple con ninguno de esos tres principios, entonces, la conclusión es clara: no busca fortalecer la democracia sino matarla. Por eso, mece bien el moto de “Ley Maduro”.