México.- La empresa suiza de defensa Ruag, proveedora histórica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se encuentra bajo investigación tras revelarse un esquema de fraude en los contratos de mantenimiento de los aviones caza F-5 Tiger II. La estafa, que involucra a un intermediario mexicano, habría afectado la operatividad de los aviones de combate más emblemáticos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

De acuerdo con una investigación publicada por el diario suizo SonntagsBlick, el fraude no se originó directamente en la matriz europea, sino a través de un socio comercial externo en México. Este intermediario aprovechó su acceso a información sensible para manipular el costo de las piezas y servicios.

El socio mexicano manipuló los valores de las mercancías y los trámites de despacho aduanero para inflar artificialmente los precios de las piezas de repuesto. Al inflar el valor de las exportaciones hacia México, se aplicaban tasas de Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre sumas excesivas, obteniendo ventajas fiscales indebidas y desviando recursos públicos.

Debido a estas irregularidades financieras, Ruag incumplió con los contratos de soporte técnico pactados con la Sedena, dejando en la incertidumbre el mantenimiento de la flota.

El escándalo golpea a una flota que ya padece una obsolescencia crítica. En 1982, México adquirió 12 cazas Northrop F-5E, los cuales ya tenían una década de operación en Estados Unidos al momento de su compra.

Actualmente, con más de 40 años de antigüedad, estos aviones dependen exclusivamente de empresas como Ruag, que controla gran parte del mercado global de soporte para este modelo. La interrupción del mantenimiento o el encarecimiento ilícito del mismo pone en riesgo la capacidad de interceptación aérea del país.

Ruag ha mantenido una relación comercial con el Ejército Mexicano durante décadas, consolidándose como el aliado estratégico para mantener en el aire a los F-5. Sin embargo, la revelación del uso de intermediarios corruptos para gestionar trámites aduaneros y fiscales ha puesto en entredicho los controles de transparencia de la empresa suiza y la supervisión de la Sedena en sus adquisiciones externas.