México.- El nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), impulsado por la administración actual, ha fallado en su objetivo primordial de seguridad y, por el contrario, ha dado origen a un próspero y peligroso «mercado criminal». Expertos en telecomunicaciones y ciberseguridad advierten que la venta de chips ya registrados a nombre de terceros expone a ciudadanos inocentes a procesos penales por delitos que no cometieron.

Investigaciones periodísticas recientes han revelado que en plataformas como Facebook Marketplace se ofrecen tarjetas SIM ya activadas por tan solo 27 pesos. Los vendedores aseguran que el comprador no necesita realizar ningún trámite, pues las líneas ya cuentan con un registro «legal», evadiendo así la normativa oficial del gobierno federal.

Un fracaso anunciado: Los criminales «un paso adelante»
Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), calificó la situación como «muy grave» y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había declarado inconstitucional este padrón en dos ocasiones anteriores.

“Ningún delincuente va a ir a registrar su cara, su CURP o su credencial del INE para tener un chip. La reforma fue un éxito, pero para la creación de un nuevo mercado criminal”, sentenció Soria.

Los expertos coinciden en que el registro obligatorio no reducirá la extorsión. Por el contrario, incrementará el robo de identidad, ya que los delincuentes utilizan bases de datos previamente filtradas o vulneradas para dar de alta miles de líneas a nombre de ciudadanos ajenos a sus actividades.

El riesgo de la cárcel para inocentes
Para Abraham Serrano, consultor internacional en seguridad, el mayor peligro radica en la indefensión jurídica del usuario. Al estar una línea vinculada a una identidad oficial, si ese número se utiliza para un secuestro o extorsión, las autoridades perseguirán al titular registrado en el Panaut.

Vulnerabilidad: Ciudadanos que nunca han usado dicha línea podrían terminar en prisión al no poder demostrar que no son los usuarios reales del chip.

Impunidad: El verdadero delincuente permanece anónimo, operando bajo la sombra de una identidad robada.

Medida «arcaica» y eludible
Grecia Macías, abogada experta en protección de datos, señaló que la premisa del gobierno es «arcaica», pues asume erróneamente que quien registra la línea es necesariamente quien la usa. Advirtió que la sociedad civil ya había alertado sobre la ineficiencia de esta medida basándose en experiencias internacionales fallidas.

“No sabemos de dónde salen los datos que están utilizando; pueden venir de la infinidad de filtraciones de padrones que han existido en los últimos años”, explicó Macías.

Recomendaciones y plazos críticos
Ante el riesgo inminente para la privacidad y la seguridad jurídica, los especialistas sugieren:

  • Evitar el registro: No proporcionar datos biométricos si se considera que la protección de la información es insuficiente.
  • Amparos: Promover recursos legales contra la medida antes de la fecha límite.
  • Vigilancia legislativa: Se prevé que el gobierno tendrá que modificar la fecha límite del 30 de junio de 2026 ante la inviabilidad técnica de la reforma.

Actualmente, la distribución de estos dispositivos «activados» continúa en puntos estratégicos como el Metro de la Ciudad de México, demostrando que el control estatal ha sido superado por la informalidad delictiva a pocos meses de su implementación.