La estructura operativa del Instituto Nacional Electoral enfrenta (INE) una sacudida tras la salida de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Diversos mandos clave de la institución alistan sus dimisiones de manera inminente, salpicados por sus presuntos vínculos con el empresario Alfredo Hernández.
Entre las funcionarias salientes destaca la titular de la Unidad de Igualdad de Género, Iliana Araceli Hernández Gómez, señalada por su cercana relación personal y comercial con las corporaciones vinculadas al polémico proveedor de esta entidad electoral.
Las indagatorias internas revelaron que Hernández Gómez adjudicó un contrato por treinta y dos millones de pesos a una de las firmas de la familia Hernández en 2021, durante su gestión en el Instituto Electoral de Oaxaca.
A este grupo cercano a la expresidencia se suman Mario Burciaga Esparza, encargado de administrar y autorizar los contratos de la dependencia, y José Alberto Pérez de Acha, responsable de sugerir a los órganos locales la contratación de servicios tecnológicos de dicho país.
El ambiente dentro de la sede central del órgano electoral refleja una profunda incertidumbre entre el personal administrativo, particularmente dentro del equipo directo asignado a la Presidencia.
Reportes internos confirmaron que la exconsejera presidenta concluyó el desalojo de sus pertenencias personales desde finales de la semana pasada, confirmando que no retornará a sus oficinas institucionales. El abandono de los despachos aceleró los preparativos para encarar la reorganización inmediata de las distintas direcciones estratégicas de toda esta importante institución.
