Guanajuato.-  Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, fue asesinado a balazos la tarde del sábado durante un ataque armado. El incidente ocurrió en las canchas de baloncesto del Parque Ecológico de ese municipio, conmocionando a la comunidad y a la administración pública local.

Roaro Aguilar, quien era abogado de profesión, contaba con una amplia trayectoria en la función pública. En 2024, se desempeñó como Alcalde Interino de Apaseo el Alto y, previamente, fue director de Fiscalización en el municipio de Celaya durante la Administración 2012-2015, demostrando un compromiso de larga data con el servicio público.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido detalles sobre el posible móvil del ataque ni sobre la detención de sospechosos. El lugar del homicidio fue acordonado de inmediato para las labores periciales, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

A través de un comunicado oficial, la Administración municipal de Apaseo el Alto confirmó y condenó enérgicamente el asesinato de su funcionario. En el mensaje, lamentaron profundamente la pérdida de «un servidor público ejemplar, comprometido con la legalidad, el servicio y el bienestar de Apaseo el Alto. Un ser humano honesto, recto y entrañable amigo», recalcando el dolor que este suceso ha causado en toda la institución y en la comunidad.

El Gobierno municipal informó que, tras el ataque, se estableció coordinación inmediata con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, la FGE y fuerzas federales. Estas instancias ya están realizando las investigaciones pertinentes y han incrementado la presencia de efectivos en la zona para garantizar la seguridad.

Finalmente, la Administración municipal reiteró su compromiso de continuar con sus labores institucionales a pesar del impacto de este trágico suceso. Hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse unida mientras se esclarece el caso, y exigió justicia y garantías para que hechos como este no queden impunes ni debiliten el trabajo público en una región que, como la Laja-Bajío, sigue registrando hechos de alto impacto vinculados a la disputa entre grupos criminales.