México.- El acceso a los fideicomisos del Poder Judicial (PJ), destinados para financiar las elecciones de jueces, ministros y magistrados en 2025, ha sido bloqueado debido a suspensiones otorgadas en amparos interpuestos contra la extinción de estos recursos.
La reforma judicial establece que la elección judicial debe financiarse con fondos provenientes de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Estos órganos tienen hasta el 15 de diciembre para extinguir 11 fideicomisos no previstos en la ley, los cuales acumulaban 17 mil 234 millones de pesos al cierre de septiembre.
Sin embargo, jueces han concedido suspensiones que impiden la extinción de estos fideicomisos, dificultando el uso de estos recursos para cubrir los 13 mil 205 millones de pesos solicitados inicialmente por el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar la elección de 881 jueces, magistrados y ministros, y para financiar liquidaciones de los juzgadores que no participen o pierdan la elección.
Suspensiones judiciales y su impacto
Un ejemplo destacado es la suspensión otorgada por el Juzgado Primero de Distrito en Nuevo León, bajo el amparo 989/2024. Esta medida prohíbe la extinción de fideicomisos, así como la transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional aprobada el pasado 15 de septiembre.
Además, Nacional Financiera (Nafin), fiduciaria de la mayoría de estos fideicomisos, enfrenta retos legales como responsable de resguardar los recursos. Los amparos han sido promovidos por personal judicial preocupado por la desaparición de fondos destinados a pensiones complementarias y prestaciones médicas.
¿Y el presupuesto?
Ante los bloqueos, la elección judicial podría ser financiada con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025. No obstante, la cantidad solicitada por el INE ha generado críticas desde la Presidencia y Morena.
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En noviembre, la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, calificó de excesiva la solicitud del INE y advirtió que, si el instituto no ajusta su presupuesto, será el Congreso quien decida dónde y cómo recortar. “El proceso electoral más grande de la historia, en junio pasado, costó 8 mil millones de pesos; no podemos permitir que esta elección judicial sea más costosa”, declaró.
Por su parte, el INE ha sostenido que defenderá su propuesta presupuestal, aunque ya enfrenta advertencias de que no se le autorizarán más de 9 mil millones de pesos.
