México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de manera contundente el pronunciamiento emitido por 25 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, quienes denunciaron una presunta persecución política en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La mandataria federal aclaró que el caso penal es de carácter estrictamente delictivo y no posee ninguna motivación ideológica o gubernamental.
Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal instó a los integrantes del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) a revisar con detenimiento las constancias procesales integradas por la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales detallan una investigación formal por contrabando equiparado de hidrocarburos y afectación al erario.
«Repito, no tiene nada que ver con un tema político. Es un tema criminal», aseveró la presidenta. Sheinbaum Pardo precisó que el político panista es investigado por su probable participación en el ingreso ilegal de combustible al territorio nacional y por el fraude ocasionado a la Hacienda Pública mediante la evasión deliberada de impuestos.
Detención sustentada en pruebas y presunción de inocencia
La titular del Ejecutivo reconoció que, conforme a las garantías constitucionales, el exgobernador de Baja California debe ser considerado inocente hasta que un tribunal dicte una sentencia definitiva en su contra. No obstante, subrayó que el Ministerio Público de la Federación aportó los elementos jurídicos suficientes ante un juez de control para la obtención legal de la orden de aprehensión correspondiente.
Asimismo, la presidenta aclaró que el procedimiento judicial no es un acto aislado dirigido contra la figura del exmandatario local, ya que otras siete personas fueron capturadas de manera simultánea como presuntos coautores materiales dentro de la misma indagatoria.
El pronunciamiento del Ejecutivo responde de manera directa a la “Declaración sobre la criminalización política en México” difundida por el Grupo IDEA. En dicho documento, los exmandatarios catalogaron la captura de Ruffo Appel como una “persecución política instrumentada desde el poder” y un “acto de venganza política”, vinculando de forma directa la detención con la reciente reforma al Poder Judicial y el mecanismo de elección popular de jueces y magistrados en el país.
Among los firmantes del desplegado internacional destacan los expresidentes mexicanos Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque, así como el argentino Mauricio Macri, junto a exjefes de Estado de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
El expediente técnico de la FGR y el daño al erario público
Por su parte, la Fiscalía General de la República emitió una tarjeta informativa en la que negó categóricamente que Ruffo Appel sea perseguido por sus posturas críticas o militancia partidista. La institución ministerial detalló que la imputación penal formalizada deriva de su probable coparticipación en una red transnacional de contrabando de hidrocarburos operada mediante transporte por ferrocarril.
La representación social de la Federación especificó que el pliego de consignación judicial integra 96 datos de prueba técnico-científicos, entre los que se incluyen dictámenes periciales especializados en materias de química, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, fotografía forense, criminalística de campo y sistemas de identificación de hidrocarburos.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la investigación troncal comprende el aseguramiento físico, ejecutado en julio de 2025, de un convoy compuesto por 170 ferrotanques que transportaban aproximadamente 18 millones de litros de combustible de procedencia ilícita. La FGR determinó que el daño fiscal formalmente imputado al patrimonio del Estado mexicano supera los 100 millones de pesos por concepto de contribuciones y derechos omitidos.
