Estados Unidos.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) inició este sábado un cierre parcial luego de que el Congreso no lograra un acuerdo para extender su financiamiento. El desacuerdo entre demócratas y republicanos se centra en la política migratoria y en mayores controles sobre las agencias federales encargadas de la aplicación de la ley migratoria. La falta de consenso en el Senado impidió aprobar una prórroga presupuestal y, hasta ahora, no existe fecha definida para la reapertura total de la dependencia.

La disputa política gira principalmente en torno a exigencias del Partido Demócrata para imponer nuevas reglas operativas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), como el uso obligatorio de identificaciones visibles, cámaras corporales, operación con el rostro descubierto y la adopción de un código de conducta más estricto. Las demandas se intensificaron tras la muerte de civiles durante manifestaciones en Minneapolis. Aunque no se trata de un cierre total del gobierno federal, alrededor del 90% de los 270 mil empleados del DHS fueron clasificados como esenciales y continuarán laborando, aunque podrían dejar de percibir salario si la paralización supera la próxima fecha de pago.

Pese al cierre, las operaciones migratorias no se detendrán. Tanto ICE como CBP cuentan con recursos extraordinarios asignados previamente dentro del plan fiscal impulsado por Donald Trump para 2025, lo que permitiría mantener detenciones y deportaciones casi sin interrupción. En aeropuertos y fronteras, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) operará con la mayoría de su personal esencial, mientras que organismos como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio Secreto de Estados Unidos mantendrán misiones críticas, aunque con afectaciones en entrenamientos, trámites administrativos y reembolsos a estados. Para México, el escenario es claro: la presión migratoria y los controles en la frontera sur estadounidense continúan activos mientras persista el impasse político.