México.- Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha notificado formalmente al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre un adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos.

La mandataria enfatizó que esta acción no representa un acto de persecución política ni una decisión discrecional de su administración, sino el cumplimiento de mandatos judiciales definitivos tras años de litigios en los tribunales.

Sheinbaum detalló que el procedimiento actual es la consecuencia directa de fallos emitidos por tribunales colegiados. Esto ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que los amparos promovidos por las empresas del Grupo Salinas no eran procedentes.

«No hay margen de interpretación política. El proceso legal quedó cerrado en favor de la autoridad fiscal y el SAT únicamente está ejecutando lo establecido por el Poder Judicial», aclaró la presidenta.

Ante los cuestionamientos sobre posibles tintes políticos en el cobro de este crédito fiscal, la titular del Ejecutivo fue enfática al señalar que el gobierno actúa bajo el marco del Código Fiscal de la Federación.

La mandataria subrayó que todos los contribuyentes, sin importar su influencia o tamaño, están sujetos a las mismas reglas tributarias.

Aseguró que el procedimiento se realiza conforme a derecho, descartando cualquier violación a las garantías individuales del empresario. «Simplemente se está cumpliendo la ley», sostuvo ante los medios de comunicación, dijo.

¿Qué sigue para el empresario?
Tras la notificación oficial, se abre un periodo legal para que las empresas de Salinas Pliego comparezcan ante el SAT. Según explicó Sheinbaum, la ley contempla mecanismos para que el adeudo sea liquidado:

La autoridad fiscal puede ofrecer opciones como el pago en parcialidades.

Estas facilidades están sujetas a los requisitos que marca la legislación vigente, sin que existan excepciones o privilegios especiales.

El contribuyente deberá definir, junto con la autoridad, la forma en que cubrirá el total de la deuda.