México.-  El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, afirmó este jueves que la nueva Ley General de Aguas —aprobada en lo general por la Cámara de Diputados— representa un cambio estructural cuyo objetivo central es poner fin a la mercantilización del recurso y atender abusos históricos en su explotación.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales López se dedicó a desmentir una «campaña de mentiras» que, según él, ha sido generada en redes sociales y replicada en el debate legislativo.

El funcionario explicó que la reforma busca que el agua deje de ser tratada como una mercancía y que se ponga fin a prácticas como la sobreexplotación, el mercado ilegal del recurso y la concentración de grandes volúmenes en manos de unos cuantos. «Mientras algunos concentran grandes cantidades de agua para lucrar con ella, pequeñas comunidades y productores carecen de lo indispensable», señaló.

Desmintiendo Falsedades: ¿A Quién Sanciona la Nueva Ley?
Morales López negó rotundamente varias afirmaciones que circulan sobre la iniciativa, asegurando que las sanciones no están dirigidas a productores o usuarios domésticos:

Uso de Pipas y Bordos: Reiteró que es falso que Conagua vaya a criminalizar a productores por realizar bordos, trasladar agua en pipas o tomar volúmenes para actividades básicas o dentro de tierras propias.

Sanciones al Abuso: Argumentó que las sanciones se enfocan únicamente en quienes abusan del recurso con fines de lucro y prácticas ilegales, citando como ejemplo el caso del exgobernador César Duarte, quien construyó una presa privada para retener 700 mil metros cúbicos de agua, afectando a comunidades.

Actividades Agropecuarias Familiares: Subrayó que la ley distingue y protege las actividades agropecuarias familiares, las cuales «prácticamente no contemplan sanciones».

Ollas de Captación y Títulos de Concesión
El titular de Conagua también desmintió la afirmación de que la dependencia pretenda regular el agua de lluvia o prohibir las ollas de captación, práctica común en zonas agrícolas. Por el contrario, aseguró que la reforma impulsa activamente estos sistemas en regiones sin acceso a fuentes de agua.

La regulación administrativa —aclaró— solo aplicará cuando las obras de captación adquieran dimensiones que operen de facto como presas y generen afectaciones ecológicas o hidrológicas a ríos y ecosistemas.

Finalmente, Morales López enfatizó que es falso que la institución vaya a quitar títulos de concesión o prohibir el uso de pozos domésticos. “Todos los derechos están garantizados y salvaguardados. Absolutamente todos”, concluyó, advirtiendo que las narrativas falsas han buscado generar miedo entre los productores.