Miami.- Una corte civil en Estados Unidos dictó una sentencia histórica contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, al responsabilizarlos de participar en un esquema de corrupción y contratos ilegales durante su gestión como funcionario en el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006–2012).
La periodista Peniley Ramírez reveló que el fallo, emitido el jueves 22 de mayo por una corte civil en Miami, establece que la pareja deberá pagar un total de 2,489 millones 369 mil 626 dólares, es decir, más de 48 mil millones de pesos mexicanos, como compensación por el desvío de recursos públicos.
Según la resolución judicial Genaro García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 626 dólares (aproximadamente 12,730 millones de pesos).
Linda Cristina Pereyra, su esposa, fue condenada a pagar 1,740 millones 540 mil dólares (alrededor de 33,799 millones de pesos).
El juicio civil abordó el uso de contratos simulados y operaciones financieras fraudulentas durante la etapa en que García Luna ocupó cargos clave en el aparato de seguridad pública de México. Las autoridades estadounidenses determinaron que ambos se beneficiaron de manera indebida del erario mexicano, canalizando los recursos a través de empresas fachada y operaciones internacionales.
Esta sentencia civil se suma a la condena penal que enfrenta el exfuncionario mexicano. En octubre de 2024, García Luna fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión tras ser hallado culpable de colaboración con el Cártel de Sinaloa, al que brindó protección y apoyo logístico a cambio de sobornos millonarios.
Entre las acusaciones probadas, destacan su participación en el tráfico de drogas, la filtración de información confidencial, y el uso de su cargo para encubrir operaciones criminales entre 2001 y 2012, periodo en que dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) y luego la Secretaría de Seguridad Pública.
Linda Cristina Pereyra fue señalada por autoridades mexicanas y estadounidenses por su presunta implicación en actividades de lavado de dinero, utilizadas para encubrir la riqueza ilícita acumulada durante los años de servicio público de su esposo. Aunque en México existe una orden de aprehensión vigente en su contra, aún no ha sido detenida ni extraditada.
