La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al presidente Donald Trump a poner fin de inmediato al programa de libertad condicional humanitaria que protegía de la deportación a más de 500 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Esta decisión también refuerza otra medida reciente que permite retirar protecciones legales a unos 350 mil migrantes venezolanos bajo un programa distinto, sumando así casi un millón de personas en riesgo de deportación.
Las magistradas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor se manifestaron en contra del fallo, y advirtieron que precipita la ruptura de vidas y comunidades mientras aún se debaten los fundamentos legales de estas acciones.
El programa de «parole» humanitario fue creado por la administración de Joe Biden para permitir la entrada legal y temporal de migrantes por razones humanitarias o de interés público, tras conseguir un patrocinador en EE.UU.
Aunque su duración era de dos años, la Corte ahora permite que el Departamento de Seguridad Nacional revoque colectivamente el permiso, una medida que antes debía analizarse caso por caso según la interpretación de una corte federal.
El gobierno de Trump argumentó que revisar cada caso sería inviable y que el Poder Ejecutivo debe tener la facultad de decidir sobre política migratoria sin interferencia judicial.
