Estados Unidos.- En un fallo unánime, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este miércoles la demanda civil presentada por el gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Smith & Wesson e Interstate Arms, acusados de facilitar indirectamente el tráfico de armas hacia territorio mexicano y, con ello, alimentar la violencia generada por el crimen organizado.
La decisión representa un duro golpe jurídico para los esfuerzos diplomáticos y legales de México por frenar el flujo de armamento proveniente del norte. También refuerza el blindaje legal que, desde 2005, protege a la industria armamentista de EE.UU. frente a litigios relacionados con el uso delictivo de sus productos.
La demanda fue interpuesta en 2021 por el gobierno mexicano, en un movimiento considerado sin precedentes por su alcance y objetivo: responsabilizar legalmente a empresas armamentistas por el uso criminal de sus productos fuera de territorio estadounidense. Entre las compañías señaladas también figuraban Beretta, Colt y Glock.
México argumentaba que estas empresas conocían —y se beneficiaban económicamente— del destino final de muchas de sus armas: las manos de los cárteles mexicanos. De acuerdo con cifras oficiales, el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos, pese a que la venta de armas está severamente regulada en el país latinoamericano.
Desde el inicio del proceso, las compañías armamentistas rechazaron la demanda, señalando que no podían ser consideradas responsables por actos criminales cometidos por terceros. En su defensa, invocaron la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2005, la cual limita severamente las acciones civiles contra el sector.
“La demanda de México no establece con claridad un vínculo de responsabilidad directa”, argumentaron los abogados de las empresas.
La jueza Elena Kagan, al emitir el razonamiento del tribunal, fue clara: “No se puede iniciar una acción contra un fabricante si, como en este caso, se basa en el uso delictivo del producto por parte de un tercero”. Todos los magistrados respaldaron esta interpretación, sellando la decisión de cerrar el caso.
México había solicitado que se permitiera avanzar con el litigio bajo la promesa de reunir evidencia adicional, pero la Corte optó por bloquearlo definitivamente.
Una batalla legal accidentada
El litigio tuvo un camino complejo. En un principio, un juez federal desestimó la demanda invocando la PLCAA. No obstante, en 2023, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, permitió que el caso siguiera su curso, al considerar que México podría argumentar que las empresas estaban violando deliberadamente leyes a través de sus prácticas de comercialización.
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Casos como el de Sandy Hook —el tiroteo masivo en una escuela en Connecticut en 2012— habían abierto una excepción: en ese caso, las familias de las víctimas demandaron con éxito al fabricante Remington por publicidad irresponsable, logrando un acuerdo de 73 millones de dólares.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que ese precedente no aplicaba al caso mexicano.
