El Gobierno del presidente Donald Trump buscará llevar ante la justicia a los responsables de estos delitos
Ciudad de México.- El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, retomó los señalamientos históricos del Gobierno estadounidense sobre la presunta participación de funcionarios mexicanos en el contexto del secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985. Durante un acto en Barre-Wilkes, Pensilvania, y a pocos días del inicio de la Semana Anual del Listón Rojo, iniciativa de prevención del consumo de drogas que surgió en 1988 en memoria del agente, Cole llamó a respaldar la campaña y recordó que Camarena fue víctima de la violencia en un entorno marcado, según sus declaraciones, por la corrupción de autoridades mexicanas.
Acompañado por el fiscal general, Todd Blanche, y la zar antidrogas, Sara Carter, el titular de la DEA no profundizó en la acusación federal presentada en 1990, en la que se señala que presuntos funcionarios mexicanos habrían brindado protección a integrantes del entonces Cártel de Guadalajara para facilitar las acciones contra Camarena. Entre los nombres mencionados en ese expediente figuran Manuel Ibarra, exdirector de la Policía Federal Judicial, y Miguel Aldana, quien encabezó la oficina de Interpol en México. De acuerdo con la acusación, ambos habrían protegido a integrantes de la organización criminal, entre ellos Rafael Caro Quintero, señalado en el caso relacionado con el homicidio del agente estadounidense.
Caro Quintero enfrenta actualmente cargos ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, derivados de una acusación presentada en 2020 que incluye una presunta conspiración para asesinar a personas que representaran una amenaza para sus operaciones de narcotráfico entre 1980 y 2018. Desde abril pasado, Cole ha reiterado que la corrupción entre políticos y funcionarios mexicanos constituye, a su juicio, un factor que favorece las operaciones de los cárteles dedicados al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Asimismo, ha advertido que el Gobierno del presidente Donald Trump buscará llevar ante la justicia a los responsables de estos delitos.
