México.- Lo que se perfilaba como un día crucial en los tribunales para Alicia Villarreal terminó en una profunda frustración. La audiencia programada para desahogar la denuncia por presunta violencia interpuesta contra su ex, el músico Cruz Martínez, fue cancelada de último minuto y reprogramada hasta el mes de mayo.
Este retraso no solo detiene el reloj de la justicia, sino que ha llevado al equipo legal de la cantante regiomontana a denunciar públicamente una posible colusión dentro de la Fiscalía para favorecer al acusado.
Gerardo Rincón, abogado principal de la intérprete de «Te quedó grande la yegua», no se guardó nada al salir de los juzgados. El litigante estalló contra la autoridad por no haber solicitado peritajes básicos desde el inicio del proceso y reveló una de las peticiones más polémicas de la defensa: un examen toxicológico y psiquiátrico para Martínez.
«Sentimos que el procedimiento dentro de Fiscalía no es el correcto… pedimos el examen porque el señor consume», sentenció Rincón, asegurando que esta información proviene del entorno cercano y es fundamental para evaluar el riesgo que corre la víctima.
¿Estrategia de dilación? El riesgo de fuga
Para la defensa de la cantante, el hecho de que la audiencia se pase hasta mayo no es una coincidencia administrativa, sino una táctica para darle margen de maniobra al exintegrante de Kumbia Kings. Ante esta vulnerabilidad, el equipo jurídico anunció que subirá el tono de sus exigencias:
- Prisión Preventiva: Solicitarán que Cruz Martínez enfrente el proceso detenido debido al «alto riesgo» que perciben para Alicia Villarreal.
- Abogado de Oficio: Exigirán que se designe uno para evitar que las cancelaciones sigan dilatando el proceso.
- Denuncia de Colusión: Rincón sugirió que el estancamiento del caso podría deberse a influencias externas: «Presumo que eso está coludido con alguien más… se va a hacer saber en su momento».
Pruebas en mano: «No es un truco publicitario»
Ante los cuestionamientos sobre la veracidad de los hechos, el abogado fue enfático al declarar que cuentan con sustento físico de las agresiones, descartando que se trate de una estrategia para ganar reflectores.
