México.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de ocultamiento de evidencia relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. La aprehensión del exmandatario estatal marca un giro decisivo en las investigaciones federales sobre el caso de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos.

El Ministerio Público de la Federación confirmó la ejecución del mandato judicial como parte de los compromisos de la institución para esclarecer el paradero de los jóvenes y deslindar responsabilidades al más alto nivel político.

Nuevo modelo de investigación deriva en la aprehensión del exmandatario
De acuerdo con la información oficial difundida por la FGR, la detención se logró gracias a la implementación de una estrategia metodológica renovada que incluyó el reanálisis integral de las actuaciones, testimonios y peritajes acumulados en el expediente de la desaparición forzada de los normalistas.

«Como parte del nuevo modelo de investigación, y el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, implicaron nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación de Ángel “N”, ex gobernador de ese estado, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes», precisó el Ministerio Público federal a través de un comunicado institucional.

La FGR cumplimenta orden de aprehensión tras nuevas pruebas
Ángel Aguirre Rivero encabezó el gobierno de Guerrero durante el periodo 2011-2014 y pidió licencia a su cargo semanas después de los hechos violentos registrados en el municipio de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes. La representación social federal solicitó, obtuvo y cumplimentó la orden de aprehensión en su contra tras reunir los elementos de prueba suficientes que acreditan su probable intervención en la alteración de la cadena de custodia y el ocultamiento de datos de prueba clave.

El exmandatario fue puesto a disposición del juez federal correspondiente en un penal de máxima seguridad, donde en las próximas horas se resolverá su situación jurídica conforme a derecho.