México.- En una jornada que se extendió hasta las primeras horas de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 307 votos a favor y 128 en contra una reforma constitucional histórica. El dictamen, impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, establece que las elecciones federales o locales podrán ser anuladas si se acreditan actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados.
La minuta ha sido turnada al Senado para su discusión, en lo que representa la creación de una cuarta causal de nulidad en el artículo 41 de la Constitución, sumándose a las ya existentes por rebase de topes de campaña, compra de cobertura informativa y uso de recursos ilícitos.
Blindaje soberano o herramienta política
Durante la fundamentación del dictamen, Ricardo Monreal defendió la urgencia de la reforma asegurando que el país debe estar preparado ante posibles ataques externos a su democracia.
“No estamos lejos de presentarse y no estamos lejos de sufrirlas si no ponemos un alto constitucional… A nadie más le compete definir los asuntos internos de México”, sentenció el legislador.
Sin embargo, la oposición y analistas han señalado vacíos peligrosos:
- Falta de definición: La reforma no precisa qué se entiende por «intervención», dejando esa definición para la legislación secundaria, lo que genera incertidumbre jurídica.
- Sesgo político: Legisladores opositores advirtieron que esta ley podría usarse como una «herramienta de impugnación» en caso de que el oficialismo pierda alguna elección clave.
- Contradicciones internas: Se cuestionó la participación de consultores extranjeros en campañas de Morena, como el español Antoni Gutiérrez-Rubí o figuras como Pablo Iglesias, mientras se promueve esta restricción.
Críticas de especialistas
El analista electoral Jorge Alcocer advirtió en el espacio de Aristegui en Vivo que la redacción es ambigua y podría poner en riesgo incluso a las misiones internacionales de observación electoral que han operado en México desde 1994. Alcocer lamentó que el Congreso se haya convertido en una «oficialía de partes» donde los dictámenes se aprueban sin un análisis técnico profundo.
