Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, el cual busca establecer un marco nacional unificado para combatir este delito. La propuesta incluye la persecución de oficio y contempla penas que van desde seis hasta 25 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso. Además, establece multas que pueden alcanzar el equivalente a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El proyecto detalla 34 agravantes agrupadas en tres apartados, que elevan las sanciones en casos específicos como el cobro de piso, la extorsión a sectores productivos o el uso de la violencia física. Las penas aumentan progresivamente según las circunstancias, con castigos más severos cuando las víctimas son menores, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas migrantes, así como cuando existe una relación de confianza o dependencia con el agresor.

Sin embargo, algunos legisladores de oposición han advertido que la homologación propuesta podría permitir la liberación de personas sentenciadas en estados donde las penas actuales son más altas. Aun así, el dictamen plantea coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para unificar el tipo penal y fortalecer la capacidad institucional en la persecución del delito de extorsión en todo el país.