Unión Europea.- En una votación que redefine la política de asilo y extranjería del bloque, el Parlamento Europeo aprobó este jueves el nuevo Reglamento de Retorno. Con una mayoría de 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, la Eurocámara dio luz verde a un paquete de medidas que endurece drásticamente el trato a los inmigrantes en situación irregular y externaliza la gestión de las expulsiones fuera del territorio comunitario.
La normativa, que ha generado una profunda división entre las fuerzas políticas europeas, busca agilizar las deportaciones y reducir el «efecto llamada», aunque organizaciones de derechos humanos advierten sobre un retroceso histórico en las garantías legales.
El punto más disruptivo de la nueva ley es la creación de centros de retorno en terceros países. Esto permitirá que la Unión Europea traslade a inmigrantes en situación irregular a naciones fuera de la UE mientras se tramita su expulsión definitiva, una estrategia de externalización que ya habían explorado países como Italia.
Principales cambios en la normativa:
- Detenciones prolongadas: El periodo máximo de detención para inmigrantes en proceso de expulsión se extiende hasta los 24 meses.
- Recortes legales: Se elimina la asistencia letrada gratuita para presentar recursos contra las órdenes de retorno, dificultando la defensa jurídica de los afectados.
- Privacidad vulnerada: Las autoridades quedan autorizadas para la confiscación de dispositivos electrónicos (móviles y ordenadores) con el fin de obtener datos sobre la identidad o rutas de los migrantes.
- Endurecimiento de estancia: Se criminaliza de forma más severa la estancia ilegal, limitando los beneficios y derechos de quienes no cuenten con documentación en regla.
Un Parlamento dividido: Seguridad vs. Derechos Humanos
El resultado de la votación refleja un avance de las posturas de derecha y centro-derecha en Bruselas, que priorizan el control fronterizo y la seguridad nacional. Por el contrario, los 206 votos en contra provinieron principalmente de sectores progresistas y verdes, quienes califican la medida como una «traición a los valores fundacionales de Europa».
“Este reglamento permite tratar a quienes buscan refugio como criminales, permitiendo detenciones de dos años y privándoles de un abogado”, denunciaron voces críticas tras la sesión en Estrasburgo.
