Y ahora resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá bloquear cuentas sin orden judicial.

La medida, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretende incidir en investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos graves.

Sin embargo, hay un grave riesgo.

Que las persecuciones sean más por motivos políticos que por delitos reales.

Que la fabricación de delitos responda a un interés político de la 4T para callar las voces discordantes a sus políticas públicas y, sobre todo, a quienes desde la oposición los cuestionan por actos de corrupción y de impunidad como el huachicol fiscal que no ha terminado.

Un ejemplo: alguien que critique a los hijos de AMLO por sus extravagancias de riqueza o al señor Adán Augusto por su participación con los delincuentes de “La Barredora”, resulta que, de repente, la UIF le bloquea su cuenta bancaria por algún delito prefabricado.

Ahí está el detalle que no cuadra con la política contra los verdaderos delincuentes.

Usar la UIF como instrumento de persecución por razones políticas es un asunto de extrema gravedad.

Similar a las desapariciones por motivos políticos que también han aumentado con la 4T.

Como los asesinatos de alcaldes que cuestionaban a los gobiernos morenistas.

Carlos Manzo es uno de ellos, callado a balazos por un Gobierno de Michoacán hincado ante los delincuentes.

Y ahora surge esta medida autoritaria que le urge a Morena, frente al creciente número de voces en todo el país que cuestiona a sus gobiernos por la inseguridad, la corrupción, la carestía de la vida y la impunidad.