La comunión de esfuerzos entre el presidente López Obrador y el gobernador Miguel Riquelme ayudan para disminuir la incertidumbre de los familiares de los diez trabajadores atrapados en la mina Pinabete.
Pero también, habrá un parteaguas en la aplicación de la ley contra los dueños de estos complejos mineros, esos que se han vuelto millonarios a expensas del sacrificio y de la vida de sus empleados, a los que dan sueldos de miseria, les que otorgan prestaciones de pobreza y ni siquiera los tienen adheridos al seguro social.
Ahora sí, el presidente López Obrador anunció que aplicará todo el rigor de la ley para el dueño o los dueños de la mina Pinabete. Además se revisará el padrón de propietarios y si cumplen o no con sus trabajadores. Obvio es que no lo hacen y están obligados a hacerlo.
El gober Riquelme suspendió su trabajo en el Subcomité de salud en Torreón y se mantiene en la congregación de Agujita, ante la posibilidad de que, de un momento a otro, inicie la búsqueda de los mineros.
No han podido ingresar a la mina, aún y cuando han extraído grandes volúmenes de agua, porque no hay condiciones de seguridad. La esperanza muere al último y se espera que estén en alguna burbuja de aire, aunque las posibilidades de que se mantengan con vida cada vez son menos.
Ningún Presidente de la República había venido a las tragedias mineras. AMLO sí estuvo y eso puede cambiar el panorama. Hay que recordar que la extracción de carbón y sus lineamientos integrales no le corresponde al estado, sino a la federación.
