Monterrey.- Abogados fiscalistas coinciden en que el incremento de bienes del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, es inexplicable en relación con sus ingresos como servidor público. Consideran que la Fiscalía de Nuevo León debe realizar un análisis de evolución patrimonial del Gobernador para verificar la licitud de sus ingresos y descartar actividades irregulares o «moches».
El abogado Ilan Katz señaló que, a simple vista, la evolución patrimonial de García sugiere un posible enriquecimiento ilícito, aunque no lo acusa directamente. Antonio López, otro abogado, enfatizó la necesidad de un dictamen que incluya no solo información bancaria del Gobernador, sino también de las entidades con las que esté relacionado.
López indicó que los altos funcionarios, más que traficar influencias, suelen cometer delitos como el uso ilegal de atribuciones y facultades, relacionados con la adjudicación de contratos y permisos que favorecen a empresas específicas, lo que afecta la competitividad y fomenta la corrupción.
El Grupo Reforma informó que 18 meses después de asumir el cargo, García adquirió un predio de 17.6 hectáreas en San Pedro, con un valor comercial superior a 700 millones de pesos. Samuel García admitió poseer el inmueble a través del despacho SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, propiedad suya y de su padre, y afirmó que la empresa Gentor se lo otorgó como dación de pago por servicios prestados.
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López recomendó un dictamen de evolución de bienes que considere factores financieros, corporativos, fiscales y patrimoniales. Este análisis debería comparar los ingresos del Gobernador con sus declaraciones fiscales anteriores a su cargo y revisar las sociedades en las que tenga intereses.
