Torreón.- La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente y director de Grupo Orlegi (propietario de Santos y Atlas), por presunta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.
Las autoridades fiscales confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una denuncia contra el empresario debido a que supuestamente, mediante engaños, omitió el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de los salarios de los jugadores del Club Santos Laguna de enero a julio de 2017.
Actualmente, la defraudación fiscal no conlleva automáticamente una pena de prisión.
Desde el 5 de diciembre pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó al equipo de fútbol sobre las observaciones derivadas de la revisión realizada a su contabilidad, en la cual se detectó la presunta omisión de impuestos.
La PFF llevó a cabo una investigación desde el año pasado sobre un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos realizado por el club de fútbol a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico, incluyendo a directivos como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, y a los jugadores Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco y Julio César Furch.
Según las autoridades fiscales, los directivos idearon una estrategia para no retener ni pagar el ISR correspondiente a esos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales están exentas legalmente de dicho impuesto.
Además, utilizaron un «contrato colectivo» con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para realizar los pagos.
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El Club Santos Laguna defendió ante Hacienda su postura de no haber pagado más de 17 millones de pesos por concepto de ISR a salarios, argumentando que la ley no obliga a cubrir esa contribución en los pagos de primas indemnizatorias.
La FGR aún debe determinar el tipo de delito. La defraudación puede ser sancionada con una pena de prisión de tres a nueve años, y si el monto defraudado se paga de inmediato, la pena podría reducirse a la mitad.
Sin embargo, el delito ya no implica prisión preventiva obligatoria debido a la sentencia de la Corte que anuló la reforma de AMLO contra la venta de facturas falsas, el contrabando y la defraudación fiscal. Con información de Reforma
