México.- El pago de indemnización ascendente a la suma de 154 millones 230 mil 877 pesos es la cifra que ha sido desembolsada durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2019 hasta el 5 de mayo de 2023, destinada a las víctimas que resultaron heridas o a los familiares de los fallecidos en diversas acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas.

En este lapso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha efectuado pagos por un total de 106 millones 900 mil 006 pesos, correspondientes a 95 expedientes en los cuales no se menciona el número de víctimas, debido a que se considera información clasificada.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) ha erogado una suma de 47 millones 330 mil 871 pesos en el mismo período, involucrando 134 pagos que no precisan la cantidad de víctimas.

En el año 2022, la Sedena registró el mayor desembolso por concepto de indemnizaciones, alcanzando un total de 40 millones 794 mil 975 pesos, mientras que la Semar tuvo el monto más alto en 2019, llegando a 31 millones 638 mil 729 pesos.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Sedena documentó indemnizaciones desde 2015 hasta 2018, sumando 31 millones 991 mil 613 pesos en 76 expedientes.

En lo que respecta a la Semar, se contabilizan registros desde 2016 hasta 2018, con un monto total de 22 millones 654 mil 634 pesos y 110 pagos.

Estas cifras provienen de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, así como de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Semar, proporcionados a El Universal.

José Antonio Guevara Bermúdez, expresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, opina que tanto la Sedena como la Semar están acostumbradas a reparar el daño a las víctimas siguiendo estándares por debajo de lo establecido por la Ley General de Víctimas y las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

Guevara explica que las reparaciones no deberían limitarse únicamente a una compensación económica por el daño causado, sino que deberían abarcar las diversas modalidades establecidas en la Ley de Víctimas, incluyendo medidas de satisfacción.

Dentro de estas medidas, se incluyen no solo disculpas públicas a las víctimas de las atrocidades, sino también investigaciones, enjuiciamientos y castigos a los responsables de cometerlas, así como a los mandos que permitieron, toleraron, auspiciaron, fomentaron y ordenaron los abusos, algo que, según Guevara, no ocurre en la práctica.

Guevara destaca que las autoridades militares deberían trabajar en resarcir las garantías de no repetición, lo que implica establecer protocolos, modificaciones legales y políticas públicas para prevenir la recurrencia de actos similares por parte de las instituciones.

Jesús Gallegos Olvera, académico del Centro de Estudios Superiores Navales, enfatiza que, dadas las condiciones de violencia en México, las cifras son significativas en términos de incremento.

Gallegos subraya que muchos de los daños causados por las Fuerzas Armadas están relacionados con las operaciones que llevan a cabo y que, desafortunadamente, afectan a civiles en algunos casos, lo que resalta la responsabilidad en juego.

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El académico señala que, en comparación con la Sedena, la Secretaría de Marina tiene menos incidencia en estos eventos.

César Gutiérrez Priego, abogado y experto en Fuerzas Armadas, indica que si bien cuantificar cantidades monetarias nunca logrará plenamente reparar el daño, la ley busca la mejor forma de resarcir a quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos, aunque reconoce que es un tema subjetivo.

Gutiérrez destaca que el número de expedientes puede estar compuesto por una o más víctimas y que el interés en resolver el caso depende de su importancia.