Estados Unidos.- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a México a un grupo de solicitantes de refugio que contaban con protección judicial ante el riesgo de sufrir tortura en caso de ser devueltos al país, informó este sábado *The New York Times*. El retorno se realizó luego de consultas con la Cancillería mexicana y pese a que los migrantes habían acreditado ante tribunales estadounidenses que podían enfrentar agresiones por parte de grupos del narcotráfico o del crimen organizado.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) no precisó cuántas personas fueron deportadas ni explicó las circunstancias por las que habían obtenido protección. No obstante, aseguró que entre los retornados había presuntos integrantes de pandillas, narcotraficantes, un violador de menores y un asesino. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, una vez concluidos los procesos legales en Estados Unidos, corresponde el retorno a México y que, como ocurre con cualquier persona, se verificará si existen órdenes de aprehensión vigentes. También recordó que la tortura está prohibida por la Constitución mexicana, las leyes nacionales y los tratados internacionales.
El caso generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de migrantes y refugiados, debido al posible precedente que podría representar para otros solicitantes de protección. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cuestionó que funcionarios de ICE determinen unilateralmente la credibilidad de las garantías ofrecidas para evitar la tortura, mientras que Human Rights First advirtió sobre el riesgo de que los deportados sean víctimas de desaparición al regresar al entorno del que huyeron. Robyn Barnard, vicepresidenta de la organización, señaló que si previamente existía una probabilidad de tortura por parte de cárteles o grupos criminales, su integridad física podría estar nuevamente en peligro.
