En su Segundo Informe, Claudia Sheinbaum presentó como una de las grandes victorias de su gobierno una reducción “histórica” de 51% en los homicidios dolosos: de 86.9 diarios en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. La Presidencia concluye que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona. La cifra, ciertamente, luce espectacular. El problema es que cuando un resultado parece demasiado extraordinario, lo responsable no es organizarle una fiesta: es preguntarse qué está ocurriendo detrás de él.

Eso hizo precisamente el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Su estudio Menos homicidios, más preguntas no acusa al gobierno de falsear información. Hace algo mucho más serio: advierte que una caída de semejante magnitud y velocidad es atípica y necesita explicación.

Entre las siete hipótesis que propone están posibles cambios en el registro y clasificación de homicidios, así como una sustitución de modalidades de violencia: personas que antes terminarían contabilizadas como víctimas de homicidio podrían aparecer ahora dentro del universo de las desapariciones. También plantea que la disminución podría relacionarse con equilibrios criminales o consolidación territorial de ciertos grupos, lo cual significaría menos asesinatos, pero no necesariamente menos violencia.

La Ibero pregunta. Nosotros, desde el Congreso hemos señalado algo todavía más preocupante: a partir de septiembre de 2025 se modificó la clasificación utilizada por el Secretariado Ejecutivo, pasando de 53 a 71 categorías. Y aparecen situaciones cuando menos difíciles de explicar. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Zacatecas registró 154 homicidios culposos frente a sólo 29 dolosos; Quintana Roo, 330 culposos contra 50 dolosos. ¿De verdad en entidades golpeadas durante años por el crimen organizado comenzaron súbitamente a predominar de esa manera las muertes accidentales?

Hay algo más alarmante: mientras disminuyen los homicidios registrados, las desapariciones aumentan. Sostenemos que muertes violentas estarán siendo enviadas hacia otras categorías para construir una narrativa de éxito. Puede discutirse esa conclusión, por supuesto. Lo que no debería permitirse es que el gobierno responda simplemente mostrando otra vez la misma gráfica cuya consistencia se está cuestionando.

Y hay una prueba adicional que no depende de clasificaciones ministeriales: preguntarle a la gente cómo vive. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reportó que en junio de 2026 59.8% de los habitantes de las ciudades consideraba inseguro vivir en su localidad. Es verdad que existe una mejoría: era 63.2% un año antes. Pero después de meses de escuchar diariamente que los homicidios se desploman y que la estrategia funciona, seis de cada diez mexicanos urbanos todavía se sienten inseguros. La percepción no demuestra por sí misma cuántos homicidios ocurren, pero difícilmente retrata a un país que experimente esa supuesta pacificación histórica.

Ojalá los homicidios realmente estén cayendo a esa velocidad. Seríamos los primeros en celebrarlo. Pero la seguridad de los mexicanos es demasiado importante para convertirla en propaganda.

Antes de anunciar que México está en paz, el gobierno debe explicar sus cifras, transparentar sus metodologías, incorporar desapariciones y otras formas de violencia y permitir que los datos sean auditados con independencia.

Porque pacificar un país es reducir víctimas, no encontrar una categoría estadística diferente para contarlas.