Estados Unidos.- Una nueva ley en el estado de Florida entrará en efecto el próximo domingo, permitiendo la aplicación de la pena de muerte a los condenados por violación infantil. Esta medida forma parte de un conjunto de leyes aprobadas durante la sesión legislativa de mayo pasado, siendo la más controversial de todas la HB 1297.
La HB 1297 establece que los condenados por agresiones sexuales a niños menores de 12 años pueden ser sentenciados a muerte si 8 de los 12 miembros del jurado votan a favor de la aplicación de la pena máxima. Sin embargo, esta ley probablemente generará desafíos legales, ya que va en contra de la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Suprema del estado de Florida.
En caso de que el jurado no alcance la mayoría de ocho votos a favor de la pena de muerte, se impondrá la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional como castigo.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó la ley el 1 de mayo pasado y argumentó que la medida tiene como objetivo «la protección de los niños». DeSantis declaró: «En nuestra sociedad tenemos crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Estos son realmente lo peor de lo peor. Los autores de estos crímenes suelen ser delincuentes en serie».
Además de la controvertida ley relacionada con la pena de muerte, otras medidas también entrarán en vigor en Florida. Entre ellas, se encuentra una que podría llevar a los gobiernos locales a pagar los honorarios de los abogados cuando las ordenanzas se consideren «arbitrarias o irrazonables». Asimismo, se aumentarán las penas de cárcel para los traficantes y fabricantes de fentanilo. Los jueces podrán imponer sentencias mínimas obligatorias de 25 años de cárcel y multas de 1 millón de dólares a los adultos que vendan al menos cuatro gramos de fentanilo a menores a través de productos que se parezcan a caramelos.
Estas nuevas leyes han generado un intenso debate en la sociedad y han avivado la discusión sobre la pena de muerte en casos de agresión sexual a menores, planteando interrogantes sobre su aplicabilidad y legalidad en el futuro.
