Ciudad de México.- Este fin de semana, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, tomó la decisión de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional para los ocho integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados en la presunta desaparición forzada de estudiantes en 2014. La medida también incluye al general Rafael N, cuya cautelar fue modificada anteriormente.
Con esta determinación, los acusados, identificados como Gustavo N, Omar N, Juan Andrés N, Ramiro N, Roberto N, Eloy N, Uri Yashiel N y Juan N, podrán enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su intención de impugnar la medida, considerándola lesiva para los derechos de las víctimas.
En entrevista, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expresó que la decisión de la jueza refleja una crisis en el caso que actualmente encabeza el presidente López Obrador. Aguirre señaló deficiencias en la Fiscalía Especial y la presencia de abogados militares en el equipo defensor, generando inconformidad entre las víctimas.
La Comisión para la Verdad y la Fiscalía General de la República, por separado, condenaron la decisión y anunciaron medidas legales para impugnarla, sumándose a las críticas a la gestión del caso, que, según Aguirre, atraviesa una serie de fracasos desde la salida de figuras clave en la investigación.
