México.- A pesar de ser uno de los proyectos insignia del Gobierno Federal para «democratizar» el acceso al combustible, Gas Bienestar opera bajo un manto de opacidad. Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha negado formalmente a transparentar la inversión pública destinada a esta filial, así como su presupuesto, nómina y estado financiero, argumentando que dicha información es confidencial.
A través de una respuesta a una solicitud de transparencia, la petrolera estatal bloqueó el acceso a datos clave sobre el desempeño de la empresa, alegando que difundir esta información expondría detalles «patrimoniales y comerciales» que podrían comprometer sus ventajas competitivas en el mercado de gas LP.
Pemex justificó la reserva de los datos amparándose en que Gas Bienestar está constituida como una filial de derecho privado. Bajo esta figura legal, la empresa asegura no estar sujeta a la Ley General de Transparencia, a pesar de que:
- Se financia con recursos provenientes del Estado.
- Utiliza infraestructura propiedad de la nación.
- Fue lanzada originalmente como un programa de beneficio social para estabilizar precios.
«La petrolera reconoció que la información debería estar documentada bajo su normatividad, pero decidió reservarla sin explicar por qué un programa social opera bajo criterios de confidencialidad de empresa privada», señala el documento de respuesta.
Puntos críticos que Pemex se niega a revelar:
- Rentabilidad: Se desconoce si Gas Bienestar opera con ganancias o si registra pérdidas que deben ser subsidiadas por el erario.
- Operación: No hay claridad sobre el número de rutas activas, inventarios de cilindros o planes de expansión.
- Recursos Humanos: El número de empleados y el costo de la nómina se mantienen bajo reserva.
Este hermetismo informativo coincide con un momento de incertidumbre para la marca de los cilindros blancos. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno evalúa la desaparición de Gas Bienestar, bajo la premisa de que el programa ya cumplió su objetivo estratégico de estabilizar los precios del gas LP en el mercado nacional.
Sin embargo, especialistas señalan que cerrar la empresa sin antes rendir cuentas sobre los miles de millones de pesos invertidos sentaría un precedente negativo en materia de fiscalización de las empresas productivas del Estado.
