El bloqueo del Blvd. Venustiano Carranza, en ambos sentidos, iniciado el 27 de octubre por estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, revela un problema mayor que la congestión vehicular, la incapacidad institucional para transformar inconformidades persistentes en soluciones comprobables. Los estudiantes afirman que subsisten compromisos derivados de las protestas de 2023. La respuesta no puede reducirse a exigir que desalojen la calle ni a justificar indefinidamente su ocupación.

Las demandas conocidas incluyen atención a denuncias de presunto acoso y violencia sexual, transparencia financiera, representación estudiantil, condiciones sanitarias, materiales para laboratorios, infraestructura y oportunidades de emprendimiento. Las acusaciones contra personas concretas deben investigarse con debido proceso; una denuncia no equivale a una culpabilidad acreditada. Según reportes periodísticos, la dirección entregó respuestas y una carta de no represalias, pero persisten desacuerdos sobre su alcance y cumplimiento.

La primera responsabilidad es federal. El Tecnológico de Saltillo forma parte del Tecnológico Nacional de México, adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Por ello, su dirección, las autoridades centrales del Tecnológicos Nacionales de México y, según corresponda, las instancias federales de control deben resolver asuntos académicos, administrativos, presupuestales y disciplinarios. Corresponde establecer expedientes, investigar denuncias, transparentar recursos conforme a la ley y asignar responsables, calendarios y presupuestos.

La Federación no puede ser omisa de esas obligaciones.
El Gobierno de Coahuila tiene una función distinta, facilitar la interlocución, prevenir confrontaciones, coordinar seguridad y protección civil y apoyar, dentro de sus atribuciones, la atención de posibles víctimas. Puede ofrecer mediación institucional sin sustituir los procedimientos del Tecnológico Nacional de México. Su legitimidad dependerá de mantener neutralidad, evitar presiones políticas y exigir resultados documentados a la autoridad competente.

Al Municipio de Saltillo corresponde atender la dimensión urbana inmediata, gestión del tránsito, señalización de desvíos, protección de peatones, acceso de ambulancias y servicios de emergencia, y comunicación oportuna con residentes y negocios. La autoridad municipal no puede resolver nombramientos docentes o auditorías federales por voluntad propia; tampoco debe desentenderse de los efectos de un cierre prolongado sobre la movilidad y la economía.

El marco constitucional exige equilibrio. Los artículos 6, 7 y 9 protegen expresión, difusión de ideas y reunión pacífica; el artículo 11 tutela la libertad de tránsito. Ninguno debe interpretarse aisladamente. Un bloqueo total y sostenido afecta a trabajadores, pacientes, proveedores, estudiantes de otros planteles y establecimientos que dependen del flujo de clientes. Sin embargo, cualquier restricción estatal a la protesta requiere fundamento legal, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. La fuerza pública no sustituye al diálogo.

La Cámara de Comercio y los organismos empresariales deben intervenir como representantes de intereses afectados, no como autoridades que puedan ordenar un desalojo. Su aportación más útil sería levantar un registro verificable de pérdidas, cancelaciones, retrasos de reparto y horas laborales afectadas, sin publicar cifras improvisadas. También pueden solicitar corredores de acceso, horarios de abastecimiento y una mesa de seguimiento con estudiantes y autoridades. Defender la actividad económica no exige descalificar las demandas juveniles. La presencia dela CANACO Saltillo, hoy en un dialogo respetuoso pero abierto y franco, con los estudiantes del Tecnológico de Saltillo, genera esta la vinculación y planteamiento entre la legitimidad de las demandas estudiantiles y la generación de la economía de la ciudad. Ambas necesidades, la de la libre manifestación y el interés legítimo por el desarrollo del comercio local, son el motivo social para la resolución inmediata de estas demandas.

Un buen gobernante debe distinguir la causa del conflicto de las consecuencias que se generan. Establecer una mesa formal con representantes estudiantiles legitimados por sus compañeros, dirección del plantel, Tecnológico Nacionale de México, Gobierno Federal y observadores estatales y municipales. Cada demanda debe clasificarse por competencia, urgencia, costo y evidencia; las denuncias de violencia requieren una vía reservada, independiente y protectora. Deben publicarse acuerdos con fechas, indicadores y mecanismos de verificación, sin exhibir datos personales.

En paralelo, se necesita un acuerdo humanitario de movilidad: paso permanente para emergencias y una reapertura gradual o esquema de circulación pactado, sin condicionar la investigación de denuncias a la renuncia de los estudiantes a manifestarse. Si una promesa requiere presupuesto federal, debe expresarse con honestidad y acompañarse de una ruta de gestión; ofrecer obras imposibles únicamente pospone la siguiente protesta.

El 31 de octubre se reportó disposición estudiantil a negociar y reuniones convocadas para noviembre, pero sin fecha cierta de liberación del bulevar. Ese escenario obliga a actuar con urgencia y prudencia. Saltillo no debe escoger entre educación digna y ciudad transitable. La verdadera prueba de autoridad consiste en reparar las causas del conflicto, preservar derechos y restablecer la convivencia mediante acuerdos que puedan cumplirse y auditarse.

Confiamos que los estudiantes conocen la importancia de mantener la economía y la generación de los empleos, así como la vida de la ciudad.

“Cuando los estudiantes toman la calle, es porque ya nadie los escuchó en el aula ni en la oficina.”