México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó durante su conferencia matutina el decreto de reforma constitucional que obliga a cualquier persona que aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar de manera previa a cualquier otra nacionalidad que posea. La medida, que busca garantizar la lealtad institucional exclusiva al Estado mexicano, fue promulgada tras haber concluido satisfactoriamente su proceso de aprobación legislativa en el Congreso de la Unión y en los congresos locales.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la modificación entrará en vigor de manera formal en el año dos mil veintiocho y se publicará de manera inmediata en el Diario Oficial de la Federación. La funcionaria explicó que la disposición será plenamente aplicable a quienes pretendan registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral o los organismos locales, estableciendo como condición indispensable el desprendimiento formal de su segunda ciudadanía antes de realizar la inscripción oficial a la contienda.
Alcalde precisó además que próximamente se emitirán las leyes secundarias y disposiciones reglamentarias que fijarán el procedimiento puntual y las instancias ante las cuales deberá llevarse a cabo el trámite. En este sentido, aclaró que la renuncia a la doble nacionalidad no se limitará a una manifestación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que exigirá realizar el proceso legal ante las autoridades diplomáticas del país cuyo vínculo de ciudadanía se pretenda abandonar, asegurando así un desprendimiento jurídico definitivo antes de buscar la titularidad de un Ejecutivo estatal o federal.
El proceso constitucional quedó plenamente formalizado luego de que la iniciativa obtuviera la mayoría cualificada de dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso de la Unión y el aval de veintidós legislaturas locales. Tras realizarse la declaratoria de validez en el Senado y la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal dio el paso final con la firma presidencial para concretar la entrada en vigor del nuevo requisito de elegibilidad para los máximos cargos de representación en el país.
