México tiene una oportunidad extraordinaria para atraer inversiones, generar empleos y aprovechar la transformación de las cadenas productivas internacionales. Sin embargo, hay un obstáculo que amenaza con convertirse en uno de los principales frenos al crecimiento económico: la insuficiencia de infraestructura eléctrica confiable. Porque ninguna empresa puede producir, invertir o competir si no tiene garantizado el suministro de energía. Es algo tan obvio que hasta da pena escribirlo. Pero, a la vista de nuestra cotidianidad, parece necesario ante un gobierno federal que se comporta como si fueran los únicos que lo ignoran.

Los datos recientes de la Comisión Federal de Electricidad obligan a revisar sus condiciones financieras. Durante el tercer trimestre de 2026 registró pérdidas por 23 mil 310 millones de pesos y su deuda financiera alcanzó aproximadamente 501 mil millones. Aunque mantiene utilidades acumuladas y resultados operativos positivos, estas cifras revelan las presiones que enfrenta una empresa responsable de buena parte de la infraestructura energética nacional. Debería llamar la atención el hecho de que un monopolio estatal, con un mercado cautivo tan inmenso, pierda dinero. Si no fuera por la ineptitud, la ineficiencia y la corrupción generalizada de la transformación de cuarta, no encontraría uno explicación.

El gobierno federal presume avances. Según la propia CFE, las interrupciones del suministro disminuyeron 37% respecto de 2024. Sin embargo, las estadísticas nacionales no necesariamente reflejan las dificultades que enfrentan determinadas regiones industriales. Una encuesta de Coparmex Chihuahua reveló que nueve de cada diez empresas consultadas sufrieron afectaciones por apagones y que 84% de los negocios afectados reportó pérdidas económicas o perjuicios financieros. En la Comarca Lagunera, y en otras muchas partes del país, la experiencia nos hace poner en duda el discurso oficial.

Pero, más allá de las cifras está una realidad incontestable: detrás de cada interrupción hay líneas de producción detenidas, maquinaria dañada, mercancías que no se entregan y trabajadores cuya productividad se reduce. Para una pequeña empresa, unas horas sin electricidad pueden representar pérdidas difíciles de recuperar. Y para una compañía internacional que considera instalarse en México, la incertidumbre energética puede convertirse en una razón para invertir en otro país.

El problema tampoco se resuelve simplemente construyendo nuevas centrales eléctricas. Hace falta ampliar y modernizar las redes de transmisión y distribución. De poco sirve generar más electricidad, incluida la procedente de fuentes renovables, si no existe infraestructura suficiente para llevarla oportunamente a los lugares donde se necesita.

El gobierno ha anunciado importantes inversiones y nuevos esquemas de participación privada. Es una dirección que debe traducirse en proyectos concluidos, plazos verificables y resultados medibles. Porque ya sabemos que el México de las mañaneras no suele encajar con el que se vive en la realidad. El país requiere reglas claras, certidumbre jurídica y colaboración entre el Estado y los inversionistas, no disputas ideológicas sobre quién debe generar la electricidad.

La transición energética es una oportunidad para modernizar nuestra economía, pero exige planeación, financiamiento y capacidad técnica. La electricidad no debería ser un instrumento de confrontación política, sino una condición indispensable para el desarrollo.

Porque sin energía confiable no habrá suficientes inversiones, sin inversiones no habrá nuevos empleos y sin empleos productivos difícilmente podremos mejorar el bienestar de las familias mexicanas.