Estados Unidos.- Texas aprobó una de las legislaciones migratorias más draconianas en la historia de Estados Unidos, superando incluso a la ley DeSantis. Esta nueva legislación, la SB4, otorga a las fuerzas policiales estatales y locales la capacidad de arrestar y deportar a cualquier persona considerada «sospechosa» de haber cruzado ilegalmente a la entidad, incluyendo la criminalización de menores de 10 a 17 años por su método de entrada.
La SB4, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de Texas, ambas dominadas por republicanos, será promulgada por el gobernador Greg Abbott. Esta ley establece un nuevo delito estatal por entrada ilegal al estado, facultando a las fuerzas policiales de Texas para deportar sumariamente a presuntos migrantes sin seguir los procedimientos constitucionales del debido proceso.
La aprobación de esta ley ha generado fuertes reacciones por parte de organizaciones defensoras de migrantes, quienes expresan su preocupación por el inicio de una nueva era de discriminación racial contra personas de origen hispano, detenidas y arrestadas basándose en su apariencia sin cometer ninguna falta o violación a la ley.
El Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) señaló que la aprobación de la SB4 crea un sistema migratorio separado e inequitativo en Estados Unidos, permitiendo que todas las fuerzas policiales actúen como jueces y jurados, posiblemente basándose en criterios raciales.
El Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes instó al presidente Joe Biden a impugnar de inmediato la ley, advirtiendo sobre consecuencias devastadoras para niños, jóvenes y familias en Texas, similar a la política de Tolerancia Cero de la era Donald Trump.
Expertos en derecho internacional consideran que esta legislación podría generar disputas legales con el gobierno de México, ya que los oficiales de Texas podrían enviar a territorio nacional a miles de personas sin tener en cuenta su estatus migratorio o nacionalidad.
El gobierno mexicano, antes de la promulgación de la ley, expresó su preocupación por el impacto en los derechos humanos de más de 10 millones de connacionales que residen en Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las medidas antiinmigrantes de la ley SB4 y solicitó a Estados Unidos, a través de la administración Biden, abordar el fenómeno migratorio con respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
