Washington.- El expresidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra la Universidad de Harvard, considerada la institución académica más prestigiosa y poderosa de Estados Unidos, al solicitar la cancelación de todos los contratos federales vigentes con la casa de estudios.

De acuerdo con fuentes oficiales, la Administración Trump busca eliminar cerca de 30 contratos, cuyo valor combinado se estima en 100 millones de dólares. Para ello, la Agencia de Servicios Gubernamentales (GSA, por sus siglas en inglés) ha preparado una carta exigiendo a todos los departamentos y agencias del gobierno federal identificar los contratos activos con Harvard y evaluar su cancelación o transferencia.

La misiva solicita que las agencias respondan antes del 6 de junio, especificando qué contratos pueden anularse. En los casos de proyectos sensibles que no se deban cancelar, la administración ha pedido buscar otras instituciones que puedan proporcionar los mismos servicios.

La cruzada de Trump contra Harvard forma parte de una ofensiva más amplia contra las universidades de élite, a las que ha acusado de ser focos de antisemitismo e ideología izquierdista. Desde que se intensificó este conflicto el mes pasado, la Administración ha congelado subvenciones y contratos por un valor total de 3.200 millones de dólares.

Centros como la Universidad de Columbia, epicentro de protestas propalestinas y antiisraelíes en 2024, han comenzado a ceder ante la presión federal. Sin embargo, Harvard ha optado por confrontar directamente al gobierno.

Harvard responde con demandas
Con un fondo de inversión que supera los 53.000 millones de dólares, Harvard posee un músculo financiero que le permite resistir esta embestida. El mes pasado, la universidad presentó una demanda contra la Administración Trump por la congelación de fondos, y la semana pasada interpuso otra por una decisión que amenaza su capacidad de registrar estudiantes e investigadores extranjeros, quienes representan el 27% de su población estudiantil.

Esa última medida fue suspendida temporalmente por una jueza federal de Boston, lo que dio un respiro a la universidad en su disputa legal.