La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, entre sus principales cambios, prohíbe la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de Gobiernos extranjeros en medios electrónicos nacionales.
La propuesta será discutida y aprobada vía «fast track» en el Senado; además contempla sanciones de hasta 5 por ciento de los ingresos para concesionarios que violen esta disposición y establece como causal de retiro de concesiones razones de seguridad nacional o interés público.
Con esta reforma también se propone desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para transferir todas sus funciones a un nuevo organismo: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá facultades para rescatar frecuencias, imponer sanciones y regular el mercado.
Además, se prevé crear una reserva de espectro sin costo para el Ejecutivo federal y asignar concesiones directamente para garantizar servicios de banda ancha en zonas marginadas.
Otro cambio relevante es que el criterio económico dejará de ser prioritario para el otorgamiento de espectro; en su lugar, se dará preferencia a la cobertura social, geográfica y poblacional, lo que podría traducirse en beneficios para pequeñas empresas o proyectos sociales que busquen ofrecer conectividad en regiones sin acceso a internet, así como fortalecer la infraestructura digital del país en el contexto del despliegue de la tecnología 5G.
La ley también incluye disposiciones que permiten a radios comunitarias y sociales vender publicidad local hasta por 40 segundos por hora, y endurece la vigilancia sobre su operación para evitar simulaciones comerciales.
