Irán.- En una declaración sin precedentes que subraya la gravedad de la crisis interna en la República Islámica, un funcionario iraní reveló a la agencia Reuters que cerca de 2,000 personas han muerto desde que iniciaron las protestas el pasado 28 de diciembre. Esta es la primera vez que una autoridad de Teherán admite una cifra de tal magnitud, aunque el funcionario calificó a los responsables de las muertes —tanto de civiles como de agentes de seguridad— como «terroristas» infiltrados, una retórica habitual del régimen para deslegitimar el descontento social.

El estallido social, que comenzó como un reclamo por la caída estrepitosa del valor de la moneda local y las precarias condiciones económicas, escaló rápidamente hacia consignas políticas contra el sistema clerical que gobierna desde 1979. Analistas internacionales señalan que, aunque el régimen ha sofocado revueltas en el pasado, el escenario actual representa el desafío interno más crítico en al menos tres años. Mientras el gobierno intenta proyectar una imagen de escucha a través de su portavoz, Fatemeh Mohajerani —quien afirmó que consideran a manifestantes y policías como «sus hijos»—, la realidad en las calles está marcada por un apagón de internet y la detención de más de 10,700 personas, según la organización HRANA.

En el plano internacional, la situación ha encendido las alarmas y ha endurecido la postura de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida que busca asfixiar financieramente a Teherán y que ya ha sido duramente criticada por China, su principal socio petrolero. Trump advirtió que evalúa opciones de castigo por la represión, reiterando su disposición para una acción militar bajo la premisa de: «Estamos listos para atacar».

La presión externa llega en un momento de extrema vulnerabilidad para Irán, tras haber sido blanco de ataques por parte de Israel y Estados Unidos durante el año pasado. El enfoque del gobierno iraní sigue siendo dual: por un lado, reconoce la legitimidad de las quejas económicas, pero por otro, mantiene una represión feroz que las Naciones Unidas vigila con lupa, denunciando la inestabilidad de las comunicaciones y el uso excesivo de la fuerza. La comunidad internacional observa con cautela si la presión de los aranceles de Trump acelerará un colapso del sistema o si endurecerá aún más la resistencia del mando clerical.

A medida que el número de víctimas sigue aumentando y las conexiones de internet permanecen inestables, la verificación independiente de los datos se vuelve casi imposible. Sin embargo, el reconocimiento oficial de las 2,000 muertes confirma que la magnitud de la tragedia ha superado cualquier registro previo de este siglo en Irán. El futuro de la nación pende ahora de un hilo, entre una población que desafía la brutalidad policial en busca de pan y libertad, y un gobierno que se siente cercado tanto por su propio pueblo como por las potencias extranjeras.