Mientras en todo el país se pronunciaban discursos para reconocer la vocación y entrega del magisterio, en Coahuila cientos de maestras y maestros recibieron una noticia muy distinta: una reducción en la gratificación correspondiente al Día del Maestro. Lo que debía ser una fecha de reconocimiento y dignidad para quienes dedican su vida a educar, terminó convirtiéndose para muchas familias docentes en preocupación e indignación. Fue un día de injusticia.
La problemática no es menor. Docentes que durante años formaron parte de Carrera Magisterial —y que obtuvieron prestaciones mediante preparación, actualización y trayectoria profesional— hoy denuncian disminuciones de miles de pesos derivadas de cambios en la fórmula utilizada para calcular este beneficio. En algunos casos, el recorte representa prácticamente una quincena completa.
No estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de derechos adquiridos y del patrimonio de maestras y maestros que diariamente sostienen nuestras escuelas, muchas veces enfrentando carencias, desgaste físico y emocional, e incluso cubriendo con recursos propios materiales necesarios para enseñar.
Como sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger y mejorar las condiciones laborales de las maestras y maestros, especialmente frente a los enormes desafíos que hoy enfrenta el sistema educativo en México y en Coahuila: rezago educativo, desigualdad, abandono escolar y nuevas exigencias tecnológicas y sociales. No podemos pedir mejores resultados educativos mientras seguimos agraviando a quienes hacen posible la educación todos los días.
Como legisladora y maestra, sostengo que reconocer al magisterio debe reflejarse en hechos concretos. Por ello impulsamos un exhorto en el Congreso para exigir que se frene esta injusticia reintegrando las cantidades reducidas y garantizando que ninguna otra prestación laboral sea vea vulnerada. Defender los derechos de las y los maestros también es defender el futuro de nuestra educación.
