Lima.-La encargada de la Embajada de México en Perú, Karla Ornelas, abandonó el país andino este viernes en cumplimiento de una orden “perentoria” emitida por el Gobierno peruano. La salida de la diplomática se produce tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, motivada por el asilo político otorgado por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó la acción en la red social X: “En la fecha, y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”.

El quiebre diplomático fue anunciado el pasado 3 de noviembre por el presidente de transición de Perú, José Jerí, luego de que la Cancillería peruana acusara a México de un “acto inamistoso” e “intervención en los asuntos internos” del país.

Betssy Chávez es procesada junto con el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Pese a esto, México le concedió asilo diplomático el pasado lunes.

El presidente Jerí, sin embargo, confirmó que la ex primera ministra “no podrá viajar a México” hasta que su gobierno tome una decisión sobre el salvoconducto que debe otorgarle.

La tensión bilateral se remonta a la expulsión del embajador mexicano Pablo Monroy en diciembre de 2022, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador calificara de “usurpadora” a la actual jefa de Estado, Dina Boluarte.

La crisis se agudizó cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas, aunque aclaró que las relaciones consulares no han sido rotas.

En un acto de condena política, el Congreso peruano aprobó este jueves declarar persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por su «inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú», una medida que México rechazó por estar “motivada por planteamientos falsos”.

Perú también anunció que buscará plantear ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar que se “tergiverse el derecho al asilo” al aplicarse a delitos comunes.