México.- Minas antipersonales, drones cargados de explosivos y proyectiles de alta potencia no son ya exclusivos de zonas de conflicto como Ucrania o Medio Oriente. En el Bajío, el norte y el sur de México, el crimen organizado ha adoptado técnicas militares y tecnología de punta, transformando el paisaje de la violencia en el país.
Desde hace seis años, los ataques con explosivos se han intensificado, y en los últimos tres, han alcanzado un nivel de sofisticación alarmante. Según expertos, esto se debe al reclutamiento de elementos castrenses nacionales e internacionales por parte de los cárteles, que están aplicando tácticas bélicas en su disputa territorial.

Escalada de violencia
Los recientes ataques evidencian el uso de artefactos explosivos de tipo bélico, incluidos dispositivos prohibidos por el Tratado de Ottawa de 1997, como minas antipersonales.
- 16 de diciembre, Cotija, Michoacán: Dos militares murieron cuando su patrulla activó una mina antipersonal en una zona rural.
- 14 de noviembre, San Fernando y Río Bravo, Tamaulipas: Cuatro policías estatales resultaron heridos por explosivos lanzados desde drones.
- 5 de marzo, Tumbiscatío, Michoacán: Tres jornaleros fallecieron tras detonar una mina colocada por narcotraficantes.

Casos similares se han registrado en Guanajuato, Chiapas, Guerrero y Sinaloa, donde los explosivos se han convertido en una herramienta clave de los grupos criminales en su lucha por el control de territorios.
Cárteles como Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de La Huacana han establecido talleres especializados en la fabricación de ojivas y explosivos lanzados por drones. Esta tecnología les permite atacar objetivos con precisión y desde una distancia segura, desafiando las capacidades de las fuerzas de seguridad.
Expertos en guerra, ahora al servicio del narco
David Saucedo, consultor en seguridad, reveló que los cárteles están reclutando a militares de élite de México, Guatemala y Colombia. Estos exsoldados, con experiencia en tácticas de combate y manejo de explosivos, entrenan a los brazos armados de los cárteles y forman parte de los círculos de seguridad de narcotraficantes de alto perfil.
“Se trata de profesionales de la guerra que, al unirse al crimen organizado, transfieren su conocimiento y habilidades, elevando la capacidad operativa de los cárteles”, explicó Saucedo.
Aunque las fuerzas armadas y la policía han sido los principales objetivos, los ataques también han cobrado víctimas entre la población civil. Los jornaleros, campesinos y habitantes de zonas rurales viven bajo el riesgo constante de estos artefactos.
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El uso de explosivos representa un desafío mayúsculo para las autoridades, que enfrentan no solo una escalada en la violencia, sino también la necesidad de adaptar sus estrategias y equipo para contrarrestar la sofisticación de las tácticas criminales.
El fenómeno plantea preguntas urgentes sobre el papel del gobierno en la prevención de este tipo de violencia y en la creación de incentivos para evitar que militares se sumen a las filas del crimen organizado. Mientras tanto, el país sigue enfrentando un nivel de violencia que cada vez se asemeja más a escenarios de guerra.







