Ciudad de México.- Amnistía Internacional ha revelado datos alarmantes sobre la seguridad de periodistas y personal de medios de comunicación en México. Según su informe «Nadie garantiza mi seguridad», cuatro de cada diez ataques contra este grupo probablemente son perpetrados por funcionarios públicos. Desde octubre de 2012 hasta noviembre de 2023, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México ha registrado 834 ataques. De estos, 43% fueron atribuidos a funcionarios públicos y 33% a actores no estatales, incluidos grupos delictivos.
La impunidad prevalece, ya que solo se han dictado 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas desde 2012 hasta diciembre de 2023, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). De estas condenas, solo ocho son por homicidios de periodistas en el mismo período. El informe señala la impunidad como un factor clave en la violencia contra periodistas, donde los responsables materiales son condenados, pero rara vez se responsabiliza a quienes ordenaron los ataques.
Las cifras de homicidios de periodistas presentan discrepancias entre diversas entidades. La Feadle registró 86 asesinatos entre 2012 y 2023, mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) contabilizó 166 asesinatos hasta octubre de 2022. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó 88 asesinatos desde 2012, destacando la falta de claridad y coordinación entre instituciones federales y locales en la recopilación de datos.
El desempeño del Mecanismo de Protección también ha sido objeto de críticas. Desde su inicio en 2012 hasta noviembre de 2023, el Mecanismo recibió 943 solicitudes de protección, aprobando 762 y rechazando 181. Sin embargo, el número de rechazos ha aumentado significativamente en años recientes, preocupando a organizaciones de derechos humanos. Casos como el de Rubén Pat Cauich, Gustavo Sánchez, y Alberto Amaro Jordán evidencian las deficiencias en la gestión del Mecanismo frente a situaciones de alto riesgo, donde la protección no llega a tiempo o es retirada sin considerar el peligro real que enfrentan los periodistas.
