La discusión no debería ser si Saltillo “merece” administrativamente un lugar en la Liga MX, sino si México puede construir una pirámide profesional más abierta, territorialmente diversa y financieramente responsable en la que ciudades como Saltillo tengan una ruta real para llegar a la máxima categoría.

La Liga MX opera con 18 clubes y, aunque tiene presencia en distintas regiones, la máxima categoría sigue concentrada en un número limitado de mercados. Esa concentración no es necesariamente un defecto por sí misma: una liga profesional necesita clubes solventes, estadios seguros, audiencias suficientes y estructuras deportivas serias. El problema aparece cuando la geografía del futbol se vuelve rígida y varias ciudades económicamente capaces carecen de una ruta deportiva y empresarial clara para aspirar a Primera División.

La asistencia demuestra que el mercado mexicano todavía tiene profundidad. En la temporada 2025/26, las cifras recopiladas para Liga MX registraron alrededor de 3.26 millones de espectadores en 152 partidos, con un promedio aproximado de 21,469 asistentes por encuentro. Monterrey superó los 46 mil aficionados de promedio y Tigres los 40 mil. Pero también existen plazas de Primera División con promedios cercanos a 9 mil, 11 mil o 12 mil espectadores. Esto rompe una suposición frecuente: no toda ciudad actualmente representada garantiza una demanda superior a la que podría construir una nueva plaza bien administrada.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) debería, por tanto, impulsar una ampliación gradual de la cobertura territorial, pero no mediante la asignación política de una franquicia a cada estado. Esa fórmula sería contraria al principio deportivo y produciría equipos artificiales.

El Estatuto de FIFA establece que el derecho a participar en un campeonato nacional debe depender principalmente del mérito deportivo, aunque pueda condicionarse también a criterios de licencia deportivos, de infraestructura, administrativos, jurídicos y financieros (FIFA, 2024). La meta correcta no es “32 estados, 32 lugares garantizados”; es que los 32 estados puedan tener una vía institucional efectiva para alcanzar la Primera División.

El futbol mexicano debe reformarse y el parámetro que deja el destello del Mundial lo exhibe, la expansión debería construirse sobre cuatro decisiones. Primera: restablecer y proteger un sistema creíble de ascenso y descenso, condicionado a una licencia de club exigente. Segunda: ampliar progresivamente el número de participantes sólo cuando existan proyectos certificados. Tercera: crear incentivos para desarrollar plazas sin Primera División. Cuarta: impedir que el acceso dependa exclusivamente de comprar, mudar o intercambiar una franquicia.

El Reglamento de Afiliación de la FMF confirma que la Asamblea General es el órgano facultado para otorgar afiliaciones y que las solicitudes pasan por los órganos correspondientes de la Federación.

Esto significa que un proyecto Saltillo no empieza comprando jugadores ni anunciando un estadio: empieza construyendo una entidad jurídicamente afiliable, financieramente demostrable y deportivamente integrada a la pirámide.

Una transición razonable sería mantener 18 clubes en el corto plazo y diseñar una expansión a 20 en un horizonte de tres a cinco años, siempre que los nuevos participantes lleguen por mérito deportivo y licencia. Después podría evaluarse una liga de 20 a 22 equipos.

Pretender llegar inmediatamente a 32 sería una mala política: diluiría derechos audiovisuales, elevaría costos de planteles y viajes, reduciría calidad competitiva y crearía clubes dependientes de subsidios. La cobertura nacional debe lograrse mediante una pirámide abierta, no inflando artificialmente la Primera División.

Saltillo reúne condiciones que justifican estudiar seriamente un proyecto. Es capital, forma parte de una región industrial de alto ingreso relativo, está integrada al corredor económico del noreste y tiene proximidad con Monterrey y La Laguna, dos mercados donde el futbol profesional ha demostrado una enorme capacidad de convocatoria. Sin embargo, la cercanía con Tigres, Rayados y Santos también es un riesgo: una parte de la población ya tiene lealtades futbolísticas consolidadas. El proyecto no puede asumir que todos los habitantes de Saltillo se convertirán automáticamente en aficionados del nuevo club.

Por eso, antes de invertir en un estadio debe realizarse un estudio de demanda con al menos 5,000 encuestas representativas, pruebas de precio, preventa de membresías y medición de intención real de asistencia. Una meta inicial sensata sería acreditar una base de 10,000 a 12,000 abonados potenciales y una asistencia media proyectada de 15,000 a 18,000 personas. Con 17 partidos de fase regular como local por temporada futbolística, un promedio de 16,000 espectadores y un ingreso neto medio de 350 pesos por asistente, la taquilla bruta anual podría aproximarse a 95 millones de pesos antes de costos, promociones, impuestos y participaciones. No es suficiente para sostener por sí sola un club competitivo, pero sí constituye una base comercial relevante. El lugar está más que pintado, en las faldas de la sierra de zapaliname, ahí a la altura de la colonia portal oriente sobre la prolongación del Boulevard Otilio González, muy cerca de la colindancia con Arteaga, donde existe una gran zona para este tipo de desarrollos que pudiendo conservar la zona protegida y su ecosistema, represente un espacio para esas acciones de alto impacto de la ciudad

Saltillo no necesita comenzar con un estadio de 50 mil asientos. Sería sobredimensionado y financieramente imprudente. El referente mexicano de Mazatlán muestra que un recinto de alrededor de 25 mil lugares fue presupuestado originalmente en aproximadamente 460 millones de pesos en 2017–2020; esa cifra histórica no puede trasladarse directamente a 2026 por inflación, equipamiento, seguridad, tecnología y mayores estándares. Para Saltillo, una estimación conceptual —no un presupuesto ejecutivo— debería considerar entre 1,500 y 2,500 millones de pesos para un estadio moderno de 25,000 a 30,000 espectadores, estacionamiento racional, zonas comerciales, un centro de negocios y de convenciones, mudar el estadio de beis bol y por qué no proyectar otro donde se desarrollen disciplinas de alto rendimiento, hospitalidad, conectividad, seguridad. El monto final sólo puede surgir de proyecto ejecutivo, suelo, ingeniería y licitación.

La obra debería ser modular: 22,000–25,000 lugares en una primera etapa y capacidad estructural para crecer a 30,000–35,000 si la demanda lo demuestra. El recinto debe operar más de veinte noches de futbol al año. Conciertos, futbol femenil, selecciones juveniles, finales amateurs, congresos, restaurantes, museo, recorridos, locales comerciales y eventos corporativos son indispensables para mejorar el rendimiento del activo.

El municipio no debería pagar el estadio completo. El Presupuesto de Egresos municipal proyectado para Saltillo en 2026 asciende a 4,918.7 millones de pesos. Un estadio de 2,000 millones equivaldría a más de 40% de ese presupuesto anual. Destinar semejante proporción a un espectáculo profesional desplazaría prioridades de agua, movilidad, seguridad, pavimentación y servicios. El argumento de “felicidad social” no justifica comprometer las finanzas públicas.

El modelo institucional: comunidad, capital privado y gobierno limitado.  FC Barcelona ofrece una referencia cultural valiosa, pero copiarlo literalmente sería un error. Barça es una asociación propiedad de sus socios; en 2026 reporta alrededor de 150,000 miembros y mantiene un modelo de gobierno donde éstos eligen a sus autoridades. Su escala económica, marca global e historia hacen imposible replicarlo de manera inmediata en Saltillo. Lo que sí puede copiarse es el principio: la comunidad debe tener voz y el club debe estar arraigado territorialmente.

Para Saltillo se debería proyectar en una estructura híbrida. La operación profesional debería estar en una sociedad mercantil mexicana capaz de recibir inversión, contratar personal, explotar derechos comerciales y cumplir las reglas de FMF. Paralelamente, una asociación civil de aficionados y formación comunitaria podría concentrar programas sociales, academias, identidad y mecanismos de participación. Un fideicomiso o vehículo separado podría ser propietario o administrador de la infraestructura.

La sociedad operadora podría distribuir inicialmente el capital así: 65% inversionistas privados estratégicos; 15% empresas regionales mediante un consorcio; 10% vehículo comunitario de socios/aficionados, sujeto a la regulación aplicable; y 10% reservado para futuras rondas, talento directivo o inversionistas institucionales.

El gobierno municipal y estatal no debería ser accionista controlador del equipo. Su participación debe concentrarse en suelo bajo condiciones transparentes, infraestructura vial y transporte, permisos, seguridad, desarrollo urbano y, sólo si existe beneficio público demostrable, mecanismos de asociación público-privada para infraestructura de uso múltiple.

Un club serio no puede depender de una sola empresa ni del presupuesto público. El modelo financiero debe tener al menos siete fuentes: derechos audiovisuales y distribuciones de liga; patrocinios; boletaje y abonos; hospitalidad y palcos; mercancía y licencias; academias y formación de jugadores; y explotación del estadio durante todo el año.

Como escenario de madurez, un club de Saltillo podría plantear ingresos anuales de 450 a 650 millones de pesos: 90–130 millones por boletaje y hospitalidad; 100–160 millones por patrocinios y derechos comerciales; un componente variable por transferencias de futbolistas. Estas cifras son rangos de planeación.

La disciplina esencial sería establecer un límite interno al costo del plantel —por ejemplo, no comprometer más de 50%–55% del ingreso operativo recurrente en nómina deportiva— y mantener capital de trabajo suficiente para dos temporadas. La academia debe ser una unidad estratégica. Saltillo puede captar talento de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y el norte de Tamaulipas. Formar y transferir jugadores reduce dependencia de fichajes y genera activos deportivos. ¿Puede un club hacer más feliz a una ciudad? Sí puede contribuir, pero conviene evitar propaganda. La evidencia científica encuentra asociaciones positivas entre asistir o seguir eventos deportivos y ciertas dimensiones del bienestar subjetivo, especialmente pertenencia, interacción social y reducción de soledad. Un estudio encontró que la asistencia a eventos deportivos en vivo predecía mayor bienestar subjetivo y menor soledad, incluso controlando diversas características demográficas (Keyes et al., 2023). Otro análisis publicado en 2026, utilizando ocho años de encuestas sociales, encontró una asociación positiva entre observar eventos deportivos y bienestar subjetivo, con posibles mecanismos relacionados con capital social y salud (Wei & Zhao, 2026).

Pero el efecto emocional no es permanente ni siempre positivo. Estudios sobre futbol muestran que los resultados pueden modificar el bienestar de los aficionados de manera intensa pero breve (Stieger et al., 2015). Por ello, un gobierno responsable no debe vender un estadio como política de salud mental. El valor público está en otra parte: espacios de convivencia, identidad compartida, actividad económica, programas juveniles, voluntariado, turismo de fin de semana y creación de rituales comunitarios.

Saltillo debería medir esos resultados desde el primer año mediante un “Observatorio de Deporte y Ciudad”: satisfacción con la oferta recreativa; sentido de pertenencia; asistencia familiar; percepción de seguridad en el entorno del estadio; gasto de visitantes; ocupación hotelera en días de partido; empleos directos e indirectos; participación de niñas, niños y jóvenes en academias; y una escala de bienestar subjetivo de 0 a 10 antes y después de temporadas. Sin medición, hablar de felicidad urbana sería sólo retórica.

El proyecto debería comenzar con una mesa promotora independiente integrada por empresarios, especialistas deportivos, universidades, aficionados y autoridades como facilitadores. Durante los primeros seis meses se elaborarían el estudio de mercado, modelo financiero a diez años, análisis jurídico-FMF, evaluación de sedes y carta de intención de inversionistas.

En una segunda etapa se constituirían los vehículos jurídicos, se iniciaría formalmente la interlocución con la FMF y la liga correspondiente, y se elegiría una ruta deportiva: desarrollar un club desde categorías inferiores con ascenso progresivo, adquirir una participación en un club existente sin vulnerar la integridad competitiva, o incorporarse mediante un proceso de expansión si la Federación lo establece. La opción preferible es la primera porque construye identidad y respeta el mérito deportivo; comprar y mudar una franquicia puede ser más rápido, pero suele producir menor arraigo y enfrenta límites regulatorios.

La tercera etapa sería asegurar capital. Antes de colocar la primera piedra deberían estar comprometidos, como mínimo, el capital para cinco años de operación y una proporción sustancial de la infraestructura. El estadio sólo debería iniciar cuando exista viabilidad de afiliación, demanda demostrada y contrato financiero cerrado.

Finalmente, el proyecto necesita un pacto de gobernanza: estados financieros auditados; publicación anual de indicadores; reglas de conflicto de interés; límites a aportaciones públicas; consejo con miembros independientes; representación de la comunidad; protección del nombre, colores y sede; y una cláusula que impida trasladar el club sin una mayoría reforzada y consulta a socios comunitarios.  El objetivo no es regalar una franquicia, sino abrir el camino. México sí debería ampliar el mapa de su Primera División.

No porque cada entidad federativa tenga un derecho automático a un equipo, sino porque una liga nacional gana valor cuando más regiones pueden competir por llegar a ella. La FIFA reconoce el mérito deportivo como principio central; la FMF dispone de mecanismos de afiliación y licenciamiento; y el mercado mexicano demuestra que existen plazas capaces de sostener espectáculos de alto nivel.

Saltillo tiene argumentos para intentarlo, pero no debe empezar por pedir dinero público ni por construir un estadio. Debe empezar demostrando afición, capital, gobierno corporativo y proyecto deportivo. Después vendrán la infraestructura y la negociación institucional.

La fórmula adecuada es exigente: inversión privada predominante, participación comunitaria real, gobierno como facilitador y regulador, infraestructura multipropósito, academia regional, ascenso por mérito y transparencia financiera. Si Saltillo logra construir eso, la pregunta dejará de ser por qué no tiene futbol de Primera División. La pregunta será qué razón deportiva, financiera o institucional podría justificar cerrarle el camino.